Diana Sánchez Cruz, la mujer embarazada a quien se le vio llorando en la tumba al patrullero Yosimar Márquez Navarro, uno de los 6 policías muertos en el atentado a la estación de policía del barrio San José en Barranquilla el pasado 27 de enero, vive ahora otro drama: la exigencia de la Policía Nacional de la prueba de ADN a la pequeña para poder reconocerla como beneficiaria del 25 por ciento de la pensión a la que tiene derecho por ley.

Yosimar Márquez Navarro, tenía 29 años de edad, estuvo 5 años vinculado a la Policía Nacional. Dejó una niña de tres años y a su compañera permanente con más de cinco meses de embarazo.

Para comenzar a narrar su drama Diana señala que de urgencia debió registrar a la niña que nació el pasado 30  de mayo y ahora la Policía no ha reconocido los derechos de la recién nacida, porque no tiene los apellidos del papá y porque ella nunca se casó con Yosimar.

La pequeña que hoy tiene 40 días de nacida recibe los servicios de salud de la EPS de la mamá y por ende la niña tiene esos beneficios.

Por la necesidad de un registro civil para que la niña recibiera atención médica, Diana debió optar de urgencia por ponerle sus apellidos: Sánchez Cruz. Así pues al recurrir a un reclamo de la ley que exige el registro para la atención en salud, la pequeña se llama Luciana Sánchez Cruz.

Sin embargo, para otra ley que regula la sucesión de la pensión de su papá Yosimar Márquez Navarro, la pequeña Luciana no aparece como hija del patrullero y por ende, la Policía Nacional no le reconoce ese derecho.

“Además, como yo no era casada con él y solo tengo un documento de unión marital, ese documento que no sirve para el trámite que necesito”, explicó la mujer a Zona Cero.

Para probar la paternidad de Yosimar, la Policía Nacional le exige que la niña necesita ser sometida a una prueba de ADN, examen que tiene un costo de casi un millón de pesos en un laboratorio particular, recursos que no tiene la viuda.

Este trámite que es contradicción entre dos leyes diferentes pone en evidencia que la pequeña Luciana que no puede entender de estos intríngulis tiene ahora en un dilema a su mamá pues si la pequeña se sigue llamando con los apellidos de Diana la privaría del porcentaje de la pensión al que tiene derecho y mientras no tenga a la mano la prueba de ADN no podrá continuar con su reclamo legal que garantice el futuro de la niña.