Alias ‘Papá Pitufo’ demandó al Estado por orden de captura con fines de extradición
Pide como reparación alrededor de $ 700 millones.
Diego Marín Buitrago, apodado como ‘Papá Pitufo’, y su familia presentaron una demanda contra el Estado y una solicitud de reparación directa por la orden de captura con fines de extradición emitida en su contra en 2024.
La demanda está dirigida directamente contra la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores.
‘Papá Pitufo’ sostiene que en las actuaciones adelantadas por las entidades anteriormente mencionadas le generaron una afectación emocional y psicológica a él y al resto de su familia.
El caso había sido inadmitido en agosto, pero el hombre volvió a presentar una nueva subsanación a las entidades del Estado.
Al parecer, según los argumentos de ‘Papá Pitufo’, en medios de las actuaciones por la orden de captura se habría originado un error jurisdiccional de la Rama Judicial y una supuesta falla en la Fiscalía y los ministerios.
Diego Marín tiene una investigación penal en la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor; y cohecho por dar u ofrecer, en calidad de coautor.
Además, es señalado por las autoridades de ser el presunto ‘Zar del Contrabando’, quien presuntamente estaría a cargo de actividades de ese delito en puertos y rutas comerciales en Colombia.
El documento de demanda de ‘Papá Pitufo’ indica que la orden de captura contra él se expidió el 11 de marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, pero sus efectos dañosos se materializaron cuando fue capturado el 5 de abril de 2024 en Valencia, España.
Además, señala que posteriormente, el 3 de diciembre de 2024, en Portugal, fue detenido de nuevo y se extendió hasta el 9 de junio de 2025 cuando quedó en libertad provisional tras un hábeas corpus presentado por sus abogados.
El daño, según la demanda, se materializó tras la captura en España y sus efectos continuaron con su nueva privación de la libertad en Portugal.
‘Papá Pitufo’ tiene una pretensión económica aproximada de 700 millones de pesos en la mencionada demanda.
La situación de ‘Papá Pitufo’
En junio pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal concedió la libertad inmediata a Marín, quien fue acusado de haber infiltrado dinero ilícito en la campaña de 2022 del hoy Presidente Petro.
El alto tribunal portugués aceptó un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Marín, argumentando que su detención era ilegal al haber vencido el plazo para ejecutar su extradición a Colombia y estar pendiente una decisión definitiva sobre su solicitud de asilo.
Marín fue arrestado en diciembre pasado en el norte de Portugal tras huir de España, donde previamente había sido detenido, pero logró escapar al país vecino mientras esperaba los términos de su extradición.
Las autoridades colombianas reclaman a este hombre por contrabando, cohecho y pertenencia a organización criminal, pues la Fiscalía lo señala como uno de los máximos responsables de una red de contrabando transnacional que operaba en puertos del país con el apoyo de funcionarios públicos.
Según una publicación de la revista Cambio de febrero pasado, la campaña electoral de Petro en 2022 fue infiltrada con dinero ilícito de 'Papá Pitufo', quien aportó 500 millones de pesos (unos 121.600 dólares).
Ese dinero lo recibió el empresario y político catalán Xavier Vendrell, aunque supuestamente lo devolvió tiempo después por orden de Petro, quien ha dicho varias veces que no tiene vínculos con 'Papá Pitufo'.
La Fiscalía añadió que cuenta con pruebas obtenidas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de que Marín, entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, habría fijado pagos mensuales de 3.500.000 pesos (alrededor de 940 dólares) para patrulleros y de 5.000.000 de pesos (unos 1.340 dólares) para oficiales que colaboraran con la organización ilícita.
Adicionalmente, estaría involucrado en cuatro eventos delictivos en los que directamente sobornó a miembros de la Policía, y otros 17 ilícitos en los que presuntamente, a través de subalternos suyos, concertó la entrega de dinero en efectivo y vehículos de gama alta a diferentes servidores públicos.
*Con información de EFE
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