La Corte Constitucional puso en conocimiento de la Contraloría información sobre posibles fallas en la "colocación y entrega efectiva" de los giros para atender a la población víctima de desplazamiento forzado.

En el Auto 530 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 presentó un informe donde se identifican dificultades relacionadas con la cobertura territorial, la disponibilidad de efectivo, la conectividad, el cargue de beneficiarios, los bloqueos, la validación de identidad, los reintegros, así como la trazabilidad y conciliación de los giros.

Al 30 de junio de 2026, se habían colocado 246.668 giros, de los cuales 198.588 habían sido pagados, 21.907 reintegrados y 26.173 permanecían vigentes. 

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La Contraloría ya había reportado dificultades durante la implementación del esquema de pagos en el primer semestre de la vigencia 2026, entre ellas problemas de cobertura territorial, disponibilidad de efectivo, conectividad, cargue de beneficiarios, validación de identidad y bloqueos de los giros.

También identificó situaciones relacionadas con reintegros, trazabilidad y conciliación, así como con pagos parciales o incompletos. 

La Contraloría Delegada para el Posconflicto precisó en ese momento que las circunstancias identificadas no constituyen, por sí mismas, un hallazgo fiscal, un daño patrimonial o una determinación de responsabilidad fiscal.

Pero sí consideró que existían elementos objetivos que justificaban valorar la procedencia de actuaciones de vigilancia y control fiscal relacionadas con la gestión contractual y financiera asociada al contrato interadministrativo 264 de 2026.

La Contraloría Delegada para el Posconflicto remitió la información a la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, por ser esta la dependencia competente para ejercer vigilancia y control fiscal sobre la UARIV, para que determinara la procedencia de las actuaciones a que hubiera lugar. 

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Asimismo, solicitó que se le informaran las decisiones que eventualmente se adoptaran y los resultados de las actuaciones que llegaren a adelantarse.

Es por eso que la Sala Especial -por medio del Auto 1206 de 2026- solicitó a la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social que informe sobre las gestiones adelantadas y que, una vez concluida la evaluación o actuación correspondiente, comunique la decisión adoptada y los resultados obtenidos, incluyendo, de ser el caso, la identificación de hallazgos fiscales, irregularidades o anomalías y las consecuencias que se hubieren derivado conforme a sus competencias.