El abogado Rafael Pacheco, quien representa a la Universidad Autónoma del Caribe, en el proceso en el que se le restablecen los derechos como rectora a Silvia Gette Ponce para que asuma nuevamente la rectoría de la institución advirtió que la condena por abuso de confianza contra la colombo argentina aún no estaría cumplida.

El Juez Segundo Penal municipal de Control de Garantías señaló que Gette está habilitada para tomar el cargo y que no se le puede señalar permanentemente tras “cumplir la condena”.

“El despacho incurre en un error que afecta la validez de toda la decisión al afirmar que la condena cobra vigencia del 29 de mayo de 2019 quedando la misma ya cumplida. Carece de sustento probatorio. El error radica en una primicia fáctica inexistente que fija una pena de 63 meses de prisión e impone inhabilidad por el mismo periodo y no declara en ninguna parte el cumplimiento de la pena”.

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Precisó que existe una “confusión” en sentencia ejecutoria y ejecución de la pena.  

“El auto (del Juez Segundo de Control de Garantías) incurre en una decisión en que toma la fecha del 29 de mayo de 2019, fallo de primera instancia, y lo convierte en un punto de inicio de la pena y después de dos años la misma está cumplida y olvida que la primera instancia del Juzgado Séptimo de Causas Mixtas de Barranquilla  fijó pena de 108 meses de prisión”, explicó.

No obstante, “el Tribunal de Barranquilla  revocó esa sentencia y  absolvió a Silvia Gette y trajo como consecuencia que el abogado de la universidad presentara recurso de casación ante la Corte Suprema, que  el 6 de abril de 2022 le rebajó la pena a 63 meses, en consecuencia la ejecutoria comenzará a contar desde la diligencia de casación”.

Es decir, según el abogado, la pena continuaría vigente y terminaría en 2027. Además, expresó que el juez de control de garantías “no cita a un juez de ejecución de pena, no acredita cumplimiento de la pena y aún así concluye que la pena está cumplida y esto implica invasión de competencia funcional”. 

“Este error no es menor y es el fundamental central que no existen inhabilidades, justifica la resocialización y habilita el retorno al cargo a Silvia Gette sin el soporte del funcionario competente”.

Es decir, que ante este error “ debe ser revocada el restablecimiento del derecho por el que se basó”.

Añadió que “no implica ejecutoriada ni inicio de cumplimiento de la pena en esa primera instancia” del Juez Séptimo, sino que se debe iniciar a partir del 6 de abril de 2022 cuando se pronunció la Corte en el recurso de casación. 

Además, Pacheco precisó que Gette Ponce tiene “derecho a la resocialización y de reintegrarse a la sociedad barranquillera”, como lo indica el Juez de garantías, pero “menos puede la resocialización acabar con medidas vigentes del Ministerio de Educación, que tiene a la universidad en vigilancia especial desde 2018”  en donde ha emitido actos administrativos que tienen en el cargo de rector a Jorge Senior. 

Silvia Gette fue condenada por el delito de abuso de confianza por transferir un millón de dólares de las arcas de la Universidad a una cuenta personal en Estados Unidos y la misma había sido cumplida, según el Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías.

El juez se basó en esto para argumentar que se declaraba el restablecimiento de derechos para volver asumir la rectoría de la Universidad y no se encontraba inhabilitada.

Gette Ponce se considera víctima, posición confirmada por el juez de garantías, luego de presuntas manipulación de actas para que Ramsés Vargas Lamadrid asumiera la rectoría y por lo que él y otros miembros del Consejo Directivo de la Universidad del año 2013 fueron imputados y en los cuales ninguno aceptó cargos.