El Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías, Néstor Segundo Primera, decidió en la mañana de este miércoles, restablecer los derechos a Silvia Gette Ponce para asumir de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

Para el juez le resulta procedente que Silvia Gette  sí debe ser catalogada como víctima en esta instancia procesal porque, según las actas de las reuniones para escoger a Ramsés Vargas Lamadrid, existe inferencia razonable de autoría que habrían sido falseadas, de acuerdo con la información obtenida por la Fiscalía y de que ya fueron imputado los presuntos responsables.

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Así mismo precisó que  Silvia Gette fue condenada el 29 de mayo de 2019 en primera instancia por el delito de abuso de confianza calificada y agravada por pasar un millón de dólares de las cuentas de la Universidad a una personal en Estados Unidos y dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2022 a 63 meses de prisión e inhabilidad para asumir cargos por el mismo término de la privación de la libertad. 

Consideró el juez que la pena ya fue cumplida a la fecha y no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos. 

“Una vez cumplida la pena no se le puede cercenar en la misma”, dijo el juez.

El togado argumentó que el Estado debe garantizar la resocialización de los condenados y si ya la pena fue cumplida no se le puede señalar permanentemente.

En cuanto a los estatutos de la Universidad, observó el juez que no existe “inhabilidad por sentencia condenatoria y de existir se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.   

El Ministerio de Educación había solicitado en audiencia que no se restableciera el derecho a Silvia Gette porque ella no era catalogada como víctima en el proceso teniendo en cuenta que cuando Ramsés Vargas Lamadrid fue nombrado como rector de la Universidad Autónoma ella ya no estaba en ese cargo, por lo que consideró que si hubo algún delito en su nombramiento la víctima sería en ese caso el Ministerio de Educación.

Argumentó que si hubo algún engaño fue contra esta entidad del Estado cuando fue radicado el nombramiento de Vargas  Lamadrid. 

Además, consideró el ministerio de Educación que al momento del nombramiento de Ramsés la exrectora Silvia Gette enfrentaba medidas de aseguramiento y otros procesos judiciales, lo que era evidente que no podía estar en el cargo de rectora. 

A su turno, la defensa técnica de uno de los imputados en el proceso de fraude procesal en falsedad de documento privado había argumentado que si Silvia Gette quería restablecer su derecho debió radicar el proceso ante un despacho relacionado con la parte laboral y no en el aspecto judicial frente a un juez de control de garantías.

Además, que no se catalogara a Silvia Gette como víctima en el proceso sino que deberían ser solo el Ministerio de Educación y la propia Universidad Autónoma del Caribe.

Ante la decisión del juez, la Fiscalía estuvo conforme  al igual que la defensa de Silvia Gette y del mismo Ramsés Vargas Lamadrid. Sin embargo, el representante del Ministerio de Educación y de la Universidad Autónoma presentaron recurso de apelación que sustentarán el próximo lunes 13 de abril a partir de las 9 de la mañana.  

La imputación a Ramsés Vargas y miembros del Consejo Directivo 

Hay que recordar que ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó en noviembre de 2025 por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector y quien estuvo en ese cargo hasta marzo de 2018 luego que las autoridades lo investigaran por supuestos malos manejos de los dineros del Alma Mater.

Algunos de los imputados y quienes estuvieron presentes en ese entonces en la audiencia virtual de formulación de imputación de cargos fueron Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal, y Arturo González Peña, quienes no aceptaron cargos. 

También fue imputado en ese entonces el exrector Ramsés Vargas Lamadrid, quien no estuvo presente y lo declararon en contumacia. 

Según el ente acusador,  por estatutos de la misma Universidad era el vicerrector Mariano Romero el que debía asumir la suplencia ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por 6 meses. 

Sin embargo, esto no se dio y en cambio se reunió el Consejo Directivo eligiendo a Ramsés Vargas  a pesar que presuntamente no era suplente y tampoco fue nombrado como tal por su padre Eduardo Vargas Osorio, quien pertenecía a la junta directiva de la universidad. 

Según la Fiscalía, Vargas Lamadrid presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser rector de la Uniautónoma y  aún así fue nombrado, configurándose, a juicio del ente acusador, los delitos ya mencionados y por lo que fueron imputados los que hicieron parte de ese Consejo Directivo en ese año.  

En este proceso aparece como víctima Silvia Gette, quien fue sacada de la rectoría presuntamente de manera “ilegal”.