Procuraduría inició inspección preventiva a la gestión de riesgo de Hidroituango
La entidad precisó que el proyecto alcanza un avance del 95,70 %, mientras se acuerda una mesa de trabajo con la ANLA para analizar el aumento de la cota del embalse.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, adelantó una inspección técnica y mesa de trabajo en las instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango).
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La jornada, desarrollada entre el 15 de julio y el 17 de julio, contó con la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, con el objetivo de evaluar los instrumentos de gestión del riesgo del proyecto y de los entes territoriales, así como de fortalecer la articulación institucional en la zona de influencia.
Avance de la obra
Durante la visita a cargo de la Procuraduría, se precisó que con cierre al 31 de mayo de 2026 el proyecto contempla un avance físico global del 95,70 %, correspondiente a la construcción y montaje de las unidades de generación 5 a la 8.
En lo que respecta a la fase operativa, las unidades 1 a 4 se encuentran funcionando comercialmente y aportan actualmente 1.200 MW al sistema interconectado nacional. Asimismo, la entidad confirmó que la megaobra cuenta con su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) actualizado con corte a diciembre de 2025.
Dicha inspección forma parte del seguimiento preventivo establecido mediante la Resolución 0018 de 2020, así como de las mesas técnicas promovidas a partir del 2022 con EPM, el DAGRAN, la UNGRD, la Gobernación de Antioquia, CORANTIOQUIA y las alcaldías del área de influencia. Durante este marco de control se han realizado más de siete visitas de inspección y formulado más de 33 requerimientos.
A pesar de que la evaluación arrojó que en el 82 % de los municipios se contemplan Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE) actualizados, la Procuraduría advirtió que persisten rezagos causados principalmente por la escasez de recursos económicos de cada alcaldía.
Asimismo, la mesa coincidió en un panorama ambiental y normativo complejo para el país a causa del Fenómeno de El Niño, la vigente la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 150 de 2026) a causa de las severas inundaciones registradas en los departamentos de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar; el Auto del ANLA N.° 002170, el cual requirió a Hidroituango complementar de forma urgente su Plan de Contingencias y actualizar la regla de operación del embalse.
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Sumado al interés de EPM por elevar el embalse a su cota máxima de 420 msnm entre los meses de octubre y noviembre de 2026, en un escenario en el que el IDEAM estima 82 % de probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño.
Alianzas interinstitucionales
Con el propósito de superar las brechas de articulación en el territorio, la Procuraduría, EPM y las autoridades departamentales fijaron una serie de compromisos en frentes ambientales y territoriales.
Iniciando en materia de gestión ambiental, en donde se programará una mesa de trabajo de alto nivel con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Minas y Energía para analizar las restricciones al aumento de cota estipuladas en la Resolución 2306 de 2019. Previo a ello, se realizará una reunión preparatoria entre EPM y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
Seguido del fortalecimiento territorial, la Procuraduría promoverá mesas exploratorias para fortalecer la capacidad operativa de los consejos de gestión del riesgo locales y elaborará, mancomunado con municipios y gobernaciones, un informe detallado sobre los temas críticos que deberá atender el nuevo Gobierno Nacional referente a la gestión del riesgo.
Por su parte, EPM asumió la responsabilidad de planear e implementar un simulacro de emergencia en los municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre con el objetivo de verificar la efectividad del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del proyecto.
Finalmente, la Procuraduría llevará a cabo un seguimiento minucioso a las obligaciones y acuerdos que EPM mantiene vigentes con las comunidades de los municipios de Buriticá, Briceño, Ituango, Toledo y Valdivia.
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