Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación.
Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación.
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Procurador evaluará situación de defensores de DDHH en Bolívar

Fernando Carrillo espera la participación de defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

El Procurador Fernando Carrillo Flórez hará este martes, en Cartagena, una audiencia pública para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales y políticos en ese departamento.

La audiencia pública se realizará en el Paraninfo de la Universidad de Cartagena, desde las 7:30 am hasta la 1 pm.

Según la Procuraduría, "el jefe del Ministerio Público escuchará a quienes se han visto afectados por su labor e indagará por los avances de la institucionalidad en su protección efectiva".

En la audiencia, organizada con apoyo de la Gobernación de Bolivar,  "se establecerán los lineamientos para unificar la información y los reportes sobre casos que afecten a los defensores de derechos humanos, y se buscarán soluciones conjuntas para enfrentar las amenazas y hechos violentos  en su contra".

Para el Procurador General de la Nación “un solo líder muerto debería provocar el rechazo y la movilización ciudadana. Así como durante años se dieron gigantescas marchas para rechazar la guerra, ahora deberían darse grandes movilizaciones en defensa de la vida, para repudiar la muerte de los defensores de derechos humanos”.

Carrillo espera la participación de defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, así como líderes sociales y políticos para que participen activamente. También están invitados funcionarios de entidades públicas nacionales, locales y de entidades de control y miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, entre otros.  

El jefe del Ministerio Público demandará en la audiencia que se cumpla la Directiva 002 del 14 de junio de 2017, que contiene las directrices para la protección de ese sector de la población, afectado por el incremento del número de líderes asesinados en 2017, busca prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos y sancionar a los servidores del Estado que pudiesen estar comprometidos en estos hechos.

 

 

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