La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los graves efectos que conllevaría la terminación anticipada de concesiones viales como ‘Autopistas del Caribe’ como lo anunció el Ministro de Transporte, William Camargo a finales de febrero.

Inicialmente, consideró que esta decisión afectaría las logísticas portuaria, industrial y comercial, lo que repercutiría en los precios de los productos que consumen los colombianos.

Según la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI,  la decisión obedece a que la firma concesionaria no logró el cierre financiero, por lo que “El no cobro en los peajes o no permitir su instalación dificulta el cierre financiero de cualquier contrato en la materia y abre la puerta a su inestabilidad jurídica, lo que afecta la credibilidad y los proyectos entre el sector público y los empresarios”, declaró la Defensoría.

Lo dicho por el ministro –agregó- además, pone en entredicho la financiación de obras de infraestructura vial que no podrán ser fondeadas en su totalidad con recursos del erario público. Y si continuamos hablando de inestabilidad jurídica en los contratos, conduce a un retraso de las obras que impactan directamente los derechos económicos y de movilidad de la población.

Para la entidad defensora de los derechos humanos, la falta de infraestructura conlleva la falta de impulso de sectores económicos, como el turismo, el de la agricultura, entre otros. “El deterioro de los corredores viales y su no mantenimiento afectaría las logísticas portuaria, industrial y comercial, lo que repercutiría en los precios de los productos que consumen los colombianos”.

Recordó además que si se confirma la terminación anticipada de la concesión, que ha sido rechazada por gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional Norte, dejaría atrás el propósito de acortar en un 36% el tiempo de viaje entre Cartagena y Barranquilla

“Las inversiones requeridas para los distintos proyectos sobre el corredor vial son cercanas a los 4,3 billones de pesos, generarían aproximadamente 5000 empleos entre directos e indirectos. La no continuidad del contrato afectaría el derecho de las personas al trabajo y sus posibilidades de encontrar una fuente de recursos para el sustento de sus familias”.

 “¿Cuál será el esquema de financiación que se plantee como alternativa a las alianzas público-privadas?, ¿de dónde saldrán los recursos necesarios para continuar el desarrollo de infraestructura de conectividad?”, preguntó.

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Finalmente, la Defensoría instó a que sea analizada con sumo cuidado la reglamentación propuesta por el Ministerio de Hacienda que busca que las vigencias futuras sean aprobadas directamente por el Presidente de la República y cambiada la destinación de una vigencia futura, dependiendo del avance de las obras. 

“Estas medidas enrarecen aún más el ambiente, generando mayores niveles de incertidumbre en los inversionistas, quienes podrían optar por no invertir al no estar claras las reglas de juego”.