La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por presunta corrupción en el reciente escándalo por supuestamente haber recibido millonarias comisiones de contratistas del Estado.

La decisión se da después de que explotara el escándalo que involucra a las mencionadas.

Con chats, audios y facturas como pruebas, empresarios señalan a las dos mujeres de intentar direccionar contratos para beneficiar a terceros.

Según Semana, los hechos comenzaron en 2024, cuando Juliana y Verónica se ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, personajes que entregaron dinero para obtener contratos con los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

Para ese entonces Juliana había culminado un contrato de $11 millones con el Ministerio del Interior y estaba en camino al viceministerio de Juventudes. Por su parte, a Verónica también se le había terminado su contrato de $19 millones con Colombia Compra Eficiente y otro de $11 millones con el Ministerio del Interior.

Los empresarios revelaron que las reuniones con las hermanas Guerrero tenían un valor de un millón de pesos.

Los roles eran estos: Juliana gestionaba directamente con el Gobierno para favorecerlos a cambio. Por esa "gestión", recibía el pago de  $200 millones y una comisión del 10% del proyecto adjudicado. Verónica era el enlace de comunicación entre las partes, mientras que aparecía una tercera persona, identificada como David Trespalacios, de Barranquilla, quien se encargaba de recibir el dinero y de asistir a las hermanas en distintas labores, como buscar títulos universitarios.

Cabe destacar que a Trespalacios no lo mencionan en el proceso que ya está en curso contra Juliana Guerrero por el título falso de contadora en la Fundación San José.