Empresarios revelaron a la Revista Semana una cadena de supuestos hechos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, episodios en los que se involucra a las hermanas Guerrero, Juliana y Verónica.

Con chats, audios y facturas como pruebas, señalan a las dos mujeres de intentar direccionar contratos para beneficiar a terceros.

Según Semana, los hechos comenzaron en 2024, cuando Juliana y Verónica se ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, personajes que entregaron dinero para obtener contratos con los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

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Para ese entonces Juliana había culminado un contrato de $11 millones con el Ministerio del Interior y estaba en camino al viceministerio de Juventudes. Por su parte, a Verónica también se le había terminado su contrato de $19 millones con Colombia Compra Eficiente y otro de $11 millones con el Ministerio del Interior.

Los empresarios revelaron que las reuniones con las hermanas Guerrero tenían un valor de un millón de pesos.

Los roles eran estos: Juliana gestionaba directamente con el Gobierno para favorecerlos a cambio. Por esa "gestión", recibía el pago de  $200 millones y una comisión del 10% del proyecto adjudicado. Verónica era el enlace de comunicación entre las partes, mientras que aparecía una tercera persona, identificada como David Trespalacios, de Barranquilla, quien se encargaba de recibir el dinero y de asistir a las hermanas en distintas labores, como buscar títulos universitarios.

Cabe destacar que a Trespalacios no lo mencionan en el proceso que ya está en curso contra Juliana Guerrero por el título falso de contadora en la Fundación San José.

Semana citó en su texto a dos empresarios que iniciaron este proceso de pago por beneficios con las hermanas Guerrero, quienes prometieron proyectos como cámaras de seguridad con el Ministerio del Interior, construcción de un acueducto en un municipio del Cesar con el Ministerio de Vivienda y un plan de mejoramiento de hogares en varios municipios.

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El proyecto de acueducto, según las hermanas, se iba a hacer a través del viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, quien salió del cargo por decisión del presidente Petro en octubre de 2025.

Semana presentó como prueba dos tiquetes aéreos de los empresarios para que Verónica llegara a Aguachica, Cesar, desde Bogotá, el 5 de diciembre de 2024 y regresara ese mismo día en la noche desde Bucaramanga.

El 11 de diciembre Verónica actualizó a los empresarios sobre el negocio: "Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comentara el compromiso".

Tras esto comenzó un desembolso de un anticipo de $200 millones, que llegaron poco a poco a las Guerrero.

Trespalacios era el encargado de recibir el dinero, pues las hermanas no querían tener el registro en sus cuentas. $13 millones llegaron a la cuenta de esta persona a través de una transferencia bancaria.

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No obstante, la relación entre las Guerrero y Trespalacios tuvo problemas, por lo que las mujeres empezaron a recibir el dinero directamente.

Un empresario le envió $5 millones a Juliana después de una conversación con Verónica. Acto seguido, le preguntó por el proyecto de mejoramiento de vivienda, a lo que Verónica respondió que "eso es lo que voy a presionar para que salga antes del tiempo estipulado".

Además, sobre el acueducto en el Cesar le dijo: "Juliana habló con él y dijo que sí nos sacaba el acueducto, pero que le deje la reunión para enero".

Entre diciembre de 2024 y enero de 2025 este empresario les habría girado $53 millones, de la siguiente manera: $35 millones en efectivo, $13 millones consignados y después otros $5 millones en efectivo. De todo esto estarían como pruebas las consignaciones bancarias.

No obstante, los empresarios empezaron a vivir un dilema: no había resultados en las supuestas gestiones de las Guerrero.

Además, en las conversaciones con Verónica se conoció que el dinero también habría llegado a personas que trabajan en los ministerios en cuestión.

El 20 de enero no hubo respuesta positiva, pero el 21 de enero las hermanas intentaron dar tranquilidad a los interesados, ya que Juliana iba a mantener una reunión con el "jefe de jefes". Supuestamente así se referían al Presidente Gustavo Petro.

La complicidad entre los empresarios y las Guerrero llegó a tal punto que los primeros sugirieron a las mujeres estar en la "nómina" de una mujer que pedía influencia en las contrataciones de Fiduagraria S.A., y también se sugirió una reunión con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y con el diputado Jorge 'Popo' Barrios.

Juliana aceptó hacer parte de esta última reunión con un mensaje de voz: "¿A mí qué me interesa? Ayudar a la Gobernación del Cesar. ¿A mí qué me interesa? Ayudar a Popo Barros, de pronto a la alcaldesa, por ti".

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Las Guerrero también habrían ofrecido programas en el Fondo Colombia en Paz, pero los empresarios buscaban que saliera lo que ya se había pactado.

Sin embargo, los problemas no dejaban de surgir, como quedó retratado el 18 de febrero, cuando Verónica les dijo que el Ministerio de Hacienda "nada que suelta la plata y eso nos tiene jodidos".

Los reclamos se hicieron presentes en este caso, por lo que el 3 de marzo Verónica quiso calmar el ambiente: "Ya Hacienda está terminando para mandar al Ministerio de Vivienda, pero arrancando. Paciencia, plis".

Pero al 6 de marzo no había luz al final del túnel, aunque las hermanas pedían paciencia y afirmaban: "Obvio que sale", y pusieron como excusa que en ese momento se estaba atendiendo a los damnificados por el conflicto en el Catatumbo que dejó miles de desplazados.

Para el 12 de abril la respuesta con los mejoramientos de vivienda era que ya iban a comenzar; además, Verónica le indicó a otro empresario que venía un cambio en el Cesar porque estaba en proceso el nombramiento del "nuevo director de la ANT".

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Diez días después la promesa era que el "jefe de jefes" ya había dado claridades de que iba a descongelar los recursos de los ministerios.

Lo inaudito es que a pesar de los incumplimientos, Verónica Guerrero ofreció un contrato más: un acueducto en La Guajira.

Al final de la historia, Juliana y Verónica no les cumplieron a los empresarios, quienes le dijeron a Semana que "nos robaron y no quieren devolver la plata".

En total habrían entregado $600 millones y, a pesar del reclamo y de que Juliana había dicho que no tenía problemas en devolver el dinero, las respuestas dejaron de existir.