El director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Fernando Gutiérrez, expuso este martes en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en el Debate de Control Político, las principales dificultades que enfrenta el sistema penitenciario y planteó una serie de medidas para combatir el ingreso de celulares a las cárceles, la corrupción de funcionarios y las llamadas extorsivas que se originan desde los centros de reclusión.

Al asistir a la célula legislativa, el director del Inpec entregó cifras sobre las investigaciones internas contra funcionarios, indicando que actualmente hay 1.272 funcionarios investigados, 803 han sido sancionados, 308 destituciones, 447 suspensiones, 31 multas y 17 amonestaciones. Además precisó que 300 casos han sido priorizados por corrupción.

Sin embargo, advierte que en la lucha contra la corrupción el tema de la sindicalización es una dificultad grande en desarrollo de las investigaciones. Así por ejemplo, señala que de los 17.000 trabajadores del Inpec, 5.000 están aforados en 90 sindicatos.

Reclamó la "regulación de los sindicatos" y "si un funcionario penitenciario es capturado en flagrancia no puede ser trasladado hasta que no sea llevado a un juez laboral la solicitud de traslado para que se levante el aforo sindical".

Señaló que Colombia cuenta con 109 cárceles que tienen más de 200 años de haber sido construidas, mientras que solo 10 establecimientos penitenciarios fueron construidos después del año 2000.

A esta situación, de acuerdo a lo que explicó el oficial, se suma el problema de hacinamiento. 

Según el director del Inpec, el sistema registra actualmente “un 24 % de hacinamiento”, frente a una capacidad de alrededor de 82.000 cupos y una población privada de la libertad que supera los 100.000 internos.

Explicó que, en articulación con el Ministerio de Justicia, las TIC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), se busca mejorar el seguimiento a estos sistemas.

El uniformado precisó que, aunque mensualmente el Inpec realiza requerimientos sobre el funcionamiento de los inhibidores, otro de los grandes problemas del sistema, se decidió presentar las denuncias correspondientes cuando estos equipos no estén operando adecuadamente.

De acuerdo con el director del Inpec, los sistemas están bloqueando los teléfonos prepago, pero no los pospago, debido a las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Otro de los puntos que ha generado preocupación es el ingreso de celulares a los establecimientos penitenciarios y ante esto el director aseguró que en 2025 fueron incautados 47.000 celulares en las cárceles, situación generada por hechos de corrupción.

Explicó que “cuando un funcionario es sorprendido en flagrancia ingresando un celular, es llevado a la Fiscalía y luego dejado libre porque es un tema disciplinario y no un delito”. 

Esto, de acuerdo al oficial, es un mal ejemplo para los demás funcionarios que también se prestan para ingresar celulares. 

En ese sentido, mencionó una iniciativa que busca convertir en delito el ingreso de teléfonos móviles a las cárceles.

“Aquí se habla de una iniciativa legislativa que está trabajando el Gaula y es convertir el ingreso de los teléfonos móviles en una acción penal, es decir, en un delito y no que siga siendo una acción disciplinaria”. 

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El coronel aseguró que en los últimos cuatro años han sido capturados 209 funcionarios, de los cuales 119 fueron en flagrancia.

También habló de otra iniciativa relacionada con el empadronamiento de las tarjetas SIM, con el objetivo de identificar a quienes las adquieren y establecer para qué serán utilizadas. Señaló que entre el 80 % y el 90 % de los teléfonos incautados tienen una SIM card. 

“A partir de estos proyectos de ley, yo creo que podemos saber fortalecer esas acciones penales que generen un buen ejemplo de los funcionarios y que no sigamos entrando teléfonos ni sustancias ni que haya hecho de corrupción por parte de los funcionarios”, precisó el funcionario.