El sector del deprimido del centro comercial LeChamp, en la Gran Vía, acumula dos años y cuatro meses de retraso, pero lo más preocupante para la comunidad directamente afectada es que están encontrando errores técnicos que no solo han costado tiempo sino más dinero. 

La Veeduría Departamental Movimiento Popular Territorial (MPT) indicó que la Gobernación del Atlántico para desarrollar la obra contrató a Ingeniería y Gestión Vial S.A.S. (GEVIAL S.A.S.), que tenía la misión de realizar los estudios de la Fase III de la obra en el Corredor Universitario. 

Sin embargo, en encuentros con las autoridades se conocieron "inconsistencias geotécnicas" y "vacíos en la fase de estudios documentales".

Puntualmente, en la justificación técnica para la adición de recursos por parte del contratista de la obra, Edubar, se planteó que uno "de los aspectos de mayor incidencia" para los mayores costos son "las condiciones geotécnicas encontradas durante el ejercicio del deprimido particularmente por la presencia de material rocoso y médanos que no habían sido identificados en los estudios y sondeos oficiales".

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"Esta situación hizo necesario revisar y modificar la metodología constructiva originalmente prevista y adoptar una solución técnicamente viable mediante diferentes tipologías de muros y la utilización de anclajes activos de uno y dos torones".

Todo esto, según explicó Edubar, generó mayores costos en concreto y acero, y necesitó la incorporación de la excavación mecánica en roca, mientras que algunas actividades inicialmente previstas fueron eliminadas al ser sustituidas por la nueva solución constructiva. 

Zona Cero tuvo acceso a lo que se mencionó en la última reunión que los encargados de la obra, la Gobernación del Atlántico y la comunidad mantuvieron, en cabeza del veedor ciudadano Gabriel Pachón.

Javier Torres, gerente de la obra, le indicó a la Veeduría MPT que "el estudio de GEVIAL planteaba que el método de construcción del deprimido era de pantallas preexcavadas con almejas".

Este método se usa en Bogotá para suelos blandos, pero en el deprimido “nos puede dar un suelo con profundidades de hasta 3 a 4 metros con una cohesión cero". 

"Esa puede ser la causa del error inicial de los diseños", sostuvo Torres, quien recordó que la firma que hizo los estudios previos es "reconocida" en el país.

Torres le explicó a la veeduría que con dos geotecnistas reconocidos de la ciudad se hicieron hasta 16 perforaciones y "era impresionante el cambio de la estratigrafía del suelo entre un punto y otro, lo mismo que ocasionó la demora y el cambio de sistema constructivo". 

Con base en esa información, Edubar determinó que era mejor avanzar con el sistema de muros con anclajes que se iban construyendo desde la parte superior hacia la parte inferior. 

"Es un sistema bastante demorado, bastante tedioso", agregó Torres. 

La construcción de la Unidad Funcional 2, contratada en noviembre de 2022, pasó de $94.720 millones a $98.371 millones por la adición de $3.560 millones.

La adición fue aprobada el 30 de junio de 2026 en favor del Consorcio Corredor Vial UND UF2 (Compañía de Trabajos de Ingeniería S.A.S. 50%, Planeta Proyectos y Obras S.A.S. 45%, y Mavicón Construcción e Ingeniería S.A.S. 5%).

Si bien la comunidad había denunciado "grietas y discontinuidades" en al menos 50 fundidos de los muros del deprimido, la empresa contratista indicó que se trataban de juntas que no ponían en riesgo la obra.

Incluso, la Gobernación del Atlántico indicó el 21 de octubre que complementó la pavimentación del deprimido y que el sistema de drenaje está funcionando.

“Realizamos trabajos de adecuación y acabados en los muros del deprimido, así como la instalación de formaletas para las barreras de seguridad vial en los sectores de Dollar City y Lote Impuche", explicó la Gobernación del Atlántico. 

Asimismo, mencionó que también se avanza en las labores de señalización y detalles estructurales de la obra de infraestructura. 

Empero, la obra no será entregada en  su totalidad este año, porque la última prórroga fue aprobada hasta el 15 de marzo de 2027.

El retraso total sería de 36 meses, mientras que la comunidad sigue viviendo problemas para movilizarse y los negocios siguen quebrando. 

Por eso la Veeduría Movimiento Popular Territorial exigió a las autoridades auditar la adición de $3.650 millones y sancionar las irregularidades en la fase de consultoría y planeación de la obra.