A través de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, el Gobierno impugnó la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que condicionó los bombardeos en donde haya presencia de menores de edad. 

Buscan que se revoque la decisión adoptada en primera instancia. 

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El operador de justicia resolvió el 16 de septiembre la acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra y levantó la suspensión de los bombardeos contra los grupos armados por parte de la Fuerza Pública.

No obstante, estipuló unas condiciones, como que se debe intensificar la verificación y contrastación de la información disponible sobre la posible presencia de menores de edad.

Asimismo, pidió incorporar expresamente dicha circunstancia dentro de la evaluación jurídica y operacional del ataque; valorar el riesgo previsible para su vida e integridad; examinar la existencia de medios, métodos, momentos o alternativas operacionales menos lesivas que permitan alcanzar una ventaja militar comparable y aplicar rigurosamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de autorizar y ejecutar la operación.

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Fue enfático en que si hay menores de edad, se debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario.