El Juzgado 34 de Familia de Bogotá resolvió la acción de tutela presentada por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra y levantó la suspensión de los bombardeos contra los grupos armados por parte de la Fuerza Pública, estipulando condiciones en caso de que haya presencia de menores de edad. 

Sin embargo, el operador de justicia ordenó establecer un "estándar reforzado de precaución" en caso de que exista información "cierta, objetiva o razonablemente verificable de la presencia de niños, niñas o adolescentes".

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Enfatizó en que se debe intensificar la verificación y contrastación de la información disponible sobre la posible presencia de menores de edad.

Asimismo, pidió incorporar expresamente dicha circunstancia dentro de la evaluación jurídica y operacional del ataque; valorar el riesgo previsible para su vida e integridad; examinar la existencia de medios, métodos, momentos o alternativas operacionales menos lesivas que permitan alcanzar una ventaja militar comparable y aplicar rigurosamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de autorizar y ejecutar la operación.

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Fue enfático en que si hay menores de edad, se debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario.

El 3 de septiembre el Juzgado ordenó suspender los bombardeos contra grupos armados si había información sobre la presencia de menores. 

El Presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Gobierno iba a ejercer todos los mecanismos jurídicos contra este fallo judicial, al considerar que se podrían estar sustituyendo las competencias del Presidente de la República.