El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo, durante una alocución en Barranquilla, que el Gobierno ejercerá todos los mecanismos jurídicos contra los fallos de los jueces que ordenaron suspender los bombardeos si hay presencia de menores y la aspersión aérea con glufosinato de amonio

"Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del Presidente de la República que es referente a dos decisiones judiciales recientes que afectan asuntos fundamentales para la seguridad nacional", señaló el mandatario.

Afirmó que este Gobierno cree firmemente en la separación de interés, en la independencia de los jueces y en el Estado de Derecho.

"Pero respetar una decisión judicial no significa renunciar a construir el tema por las vías que establece la propia constitución y la ley. Especialmente con papel para cualquiera. Considero que una medida puede determinar un perfil de competencias que la Constitución le entregó precisamente al presidente de la República. La Constitución es clara, pero una cosa es el control judicial y otra distinta sustituir al gobierno, al Presidente o al mando militar en la construcción operacional del Estado", sostuvo.

Explicó que no pueden permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado.

"Eso produciría un incentivo perverso, premiaría precisamente al criminal que viola el derecho internacional humanitario reclutando niños. La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado", manifestó,

"Nuestra respuesta tiene que ser mejor inteligencia, mayor precisión operacional, evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores, sin renunciar nunca a la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a los colombianos",  agregó el Jefe de Estado.

De La Espriella indicó que un "niño reclutado es una víctima, un secuestrado".

"El Estado tiene frente a él una obligación reforzada de protección y nuestra fuerza pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad", argumentó.

"Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños. Los que cometen el delito son esos bandidos", añadió.

Respecto a la aspersión aérea o fumigación, señaló que cualquier decisión de "este gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho deba hacerse, lo que jurídicamente proceda o corresponda".

"Pero cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello", puntualizó.

Enfatizó que dio instrucciones a la Defensa Jurídica del Estado para que "actúe con firmeza".

"No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional. La tutela existe para proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi gobierno. Pero el Estado de derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó", aseguró.

"Un Estado de derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad. Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles; tenemos que hacer ambas cosas. Respeto absoluto por la justicia, pero defensa igualmente firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a todos los colombianos. Esa será la posición de mi gobierno", añadió.