La Defensoría del Pueblo afirmó que ante el anunció de un protocolo para que la Fuerza Pública ingrese a las universidades, se debe distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones violentas.

El Ministerio Público advierte que la autonomía universitaria no excluye a los espacios universitarios de la Constitución, la ley o de la actuación legítima de las autoridades.

Pero, la entidad es enfática en que deben preservar la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas. 

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"Existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad. La flagrancia es una de ellas, y en estos casos, no se refiere como regla general de autorización previa de las autoridades universitarias. Sin embargo, ninguna circunstancias habilita actuales ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y diferenciación". 

La Defensoría del Pueblo acotó que las asambleas estudiantes, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la Fuerza Pública a los campus universitarios.

"Se trata de expresiones legítimas de la comunidad universitaria y del derecho de estudiantes de reunirse y manifestarse pacíficamente en las universidades", agregó.

La Defensoría del Pueblo destacó que es clave "evitar interpretaciones amplias que terminen equiparando la protesta o la inconformidad con conductas violentas o delictivas". 

Precisó que si bien el Estado debe actuar para enfrentar conductas violentas, esto no puede "traducirse en una intervención indiscriminada sobre el conjunto de estudiantes, docentes, trabajadores o demás integrantes de la comunidad universitaria, ni en la limitaciones generalizadas del derecho de reunión, manifestación y protesta pacífica". 

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El órgano instó a que el diálogo, la mediación y la persuasión deben ocupar un lugar central, mientras que el uso de la fuerza debe ser excepcional y responder a una necesidad concreta. 

Recordó que la historia de Colombia tiene casos de intervención de la Fuerza Pública en escenarios universitarios, por eso se debe tener "especial cuidado" para no restringir "indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales". 

Por último, solicitó que el protocolo sea expedido después de un proceso participativo y que debe quedar de manera clara y precisa los "supuestos excepcionales" de intervención, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación y las garantías para prevenir excesos en el uso de la fuerza.

El Gobierno Nacional anunció que establecerá un protocolo para la actuación de la Fuerza Pública en universidades. Al respecto, resulta fundamental que cualquier medida que se adopte preserve simultáneamente la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la… pic.twitter.com/GvotWcAsqV

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 20, 2026