El anuncio del Presidente Abelardo De La Espriella sobre el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades, con el fin de combatir a los vándalos y violentos, generó todo tipo de controversia en torno a la ley y la autonomía universitaria.

"Les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar", expresó el mandatario.

"La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate, no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo", agregó.

El Jefe de Estado enfatizó que la "autonomía universitaria no está por encima del orden público".

El abogado Andrés Díaz Arana atendió el llamado de Zona Cero y de entrada afirmó que la discusión no está en la autonomía universitaria.

Según el jurista porque "primero no hay nada que discutir, está en la Constitución de 1991 y que está absolutamente claro que las universidades en Colombia tienen una autonomía universitaria, pero segundo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando".

"La autonomía universitaria se refiere a un montón de facultades que tienen las universidades para dictarse su propia cátedra, organizarse no sólo presupuestal, sino administrativa y sobre todo académicamente. Eso mezcla libertad de cátedra con independencia ideológica, religiosa, en fin, pero eso nada tiene que ver con si la policía ingresa o no ingresa a la universidad", sostuvo.

"La autonomía universitaria no habla de eso porque es que para efecto de los ingresos de la Policía o en términos generales de la Fuerza Pública, la norma importante o ahí la característica importante no es que sea universidad, sino que es un recinto y la Policía no puede entrar a ningún inmueble, a ningún recinto, en fin, un establecimiento que no es de naturaleza abierta al público sino en virtud de unas causales especiales", agregó.

Enfatizó que también ha visto en la controversia que la gente debate mucho sobre si es una universidad pública o privada y "resulta que lo público de la universidad pública tampoco es exactamente lo que se está discutiendo, o sea, una universidad pública y la expresión abierto al público en los establecimientos usa la misma palabra que es público, pero la usan en sentidos diferentes. Una universidad pública no por ser pública significa pues que está abierta al público y que no hay expectativa de intimidad y que no hay protección constitucional, eso sería absurdo".

El jurista argumentó que la universidad pública a lo que se refiere es a una manera de organizar los recursos y una naturaleza de la entidad, pero no es que no haya una expectativa de privacidad, que es lo que protege la Constitución para que la Policía no se pueda estar metiendo a donde quiera.

"La Policía no puede entrar a una universidad, pues como no puede entrar a la casa de alguien, como no puede entrar a un recinto privado, como no puede entrar a un inmueble de una persona, a una finca, etcétera, sino en virtud normal según la orden escrita. Entonces el fiscal de un caso, por ejemplo, emite una orden y eso habilita a la Policía para hacer un registro, un allanamiento, esa orden previa", señaló.

Eso sí, puntualizó que hay excepciones como si la Policía encuentra que en la casa de alguien se está cometiendo un delito, en flagrancia, "pues obviamente que la flagrancia permite que entre, lo mismo pasa con las universidades, es una lógica diferente, no hay que ponerle mayor misterio al asunto, si se está cometiendo un delito, si hay una agresión física, si hay un peligro para las personas, si hay un terremoto, un incendio o una catástrofe, entre otras de las causales que están expresamente consagradas en la ley, está claro que la Policía puede entrar, pero ojo, eso es una facultad reglada, no es una facultad arbitraria, no está dada al libre capricho del funcionario de turno, ni tampoco está sometida a la autoridad del Presidente, está sometida a las reglas constitucionales y legales que rigen el uso de la fuerza pública en nuestro país".

El abogado Arana explicó que al Presidente le corresponde ahora, de acuerdo a lo manifestado en su alocución, "reglamentar, no puede cambiar la ley, puede reglamentar las condiciones en que la Policía puede ingresar, precisar entonces cuáles son los criterios para identificar el peligro, cuáles son las causales propiamente que van a permitir que la autoridad tome la decisión constitucional de ingresar y precisar muy bien los casos en que sí puede ingresar y los casos en que necesita una orden de una autoridad, eso es lo que tiene que hacerse".

Aclaró que "no es cualquier hecho violento y no es porque haya vándalos. Digamos que haya vándalos dentro de una universidad o el que haya encapuchados o el que haya cierto tipo de personas, eso no habilita el uso de la fuerza, porque es que en Colombia no se persigue a la gente por lo que es, o sea, nosotros no perseguimos vándalos, perseguimos actos de vandalismo y es muy diferente eso".

"Porque cuando uno persigue vándalos y piensa que la autoridad puede entrar, cuando identifique vándalos o personas indeseables, pues claro, hay un perfilamiento que es muy peligroso y eso es a lo que la opinión pública y las universidades el prendería todas las alarmas porque históricamente en Colombia el perfilamiento ideológico y la asociación con la academia y con algunas ideologías dentro de la academia ha dado a que la Policía y la Fuerza Pública para que persigan a personas y eso es lo que se llama el derecho penal de autor, que está prohibido", manifestó.

Insistió que por eso es importante que haya una reglamentación y "dejar claro que la Policía no está autorizada y no puede estar autorizada para ingresar a las universidades a identificar y capturar personas que son perseguidas, son identificadas o lo que sea, porque eso sí es inconstitucional".

"La única razón por la que pueden ingresar es porque hay hechos constitutivos de violencia, de delitos, de catástrofe y entran con la misión de asegurar la protección de los derechos de las personas frente a esos hechos, no frente a personas, eso es muy peligroso", agregó.

El docente universitario expresó que, pese a que el Presidente expida un decreto con la reglamentación, esto no estará por encima de la Constitución.

"Entonces ese decreto tiene que cumplir con el marco legal y Constitución vigente, no puede cambiar ese marco y el Presidente lo sabe muy bien, es abogado, además penalista, el ministro de Justicia también coincide con ser abogado y penalista. Entonces yo creo que más allá del discurso público, ellos tienen que tener muy claro en el Gobierno la jerarquía de las normas y los límites que hay al uso de la fuerza", añadió.

Cuidadosos y rigurosos

El docente universitario Luis Fernando Trejos también opinó sobre este tema y afirmó que hay que ser cuidadosos y rigurosos con el fin de no generar o provocar la estigmatización del grueso de la comunidad estudiantil que hoy hace parte de las universidades públicas.

"Estamos hablando de expresiones de violencia que en su mayoría son minoritarias, son grupos pequeños, pero como recurren a la violencia ganan más visibilidad que el resto de la comunidad que se dedica a estudiar e investigar. Eso por un lado. Lo segundo es que se parte de una realidad y la realidad es que en muchas universidades públicas la protesta social ha desbordado los límites legales en la medida en que vemos que se utiliza violencia no solo en contra de la fuerza pública, sino también muchas veces en contra del mobiliario urbano y en algunos casos se producen afectaciones a los civiles que habitan o transitan por o cerca de las universidades públicas", aseguró.

Fue claro en decir que esto no es un problema nuevo, "esto es histórico y en muchos casos, no en todos, estas expresiones de violencia tienen vasos comunicantes con grupos armados ilegales, especialmente grupos guerrilleros o disidentes que han hecho presencia en las universidades públicas colombianas desde hace mucho tiempo".

"Esto no es una mentira, esto es un hecho público y que se evidenció recientemente en la desmovilización de las FARC cuando muchos líderes de esa guerrilla reconocieron o era de público conocimiento que habían salido de las aulas universitarias hacia la insurgencia o hacia la clandestinidad, habían iniciado o muchos iniciaron su trasegar guerrillero estando en las universidades pública", agregó.

Recordó que, en este contexto, este gobierno que se eligió precisamente con la promesa o la oferta de seguridad, estaría materializando parte de esas promesas de campaña al anunciar esta decisión particular.

"Ha puesto en tensión el tema de la autonomía universitaria. Son estas condiciones y capacidades que tienen las universidades en cuanto al pénsum, a la cátedra y al uso de recursos que pueden hacer de manera independiente. La atención se presenta en la medida en que hay sectores sociales y políticos que dicen que la autorización presidencial para que la Policía ingrese a los campus universitarios cuando se presenten desmayos o protestas que alteren de manera significativa el orden público, estaría violando la autonomía universitaria y hay sectores que dicen que no. En este caso, la autonomía universitaria no puede estar por sobre las leyes de la República y la Constitución", explicó Trejos.

"Esta tensión, que es política, porque es una tensión política, está marcada, digamos, entonces, por las subjetividades de quienes están a favor del gobierno y quienes están en contra del mismo. Y aquí creo yo que la resolución más acertada de esa tensión está en la ley", añadió.

"No puede ser una barrera"

El Ministerio de Justicia, defendió, en un comunicado de prensa, la autonomía universitaria pero aseguró que la misma "no puede convertirse" en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de proteger, garantizar la seguridad y preservar el orden público.

La afirmación del ministro Iván Cancino surge después de que el Presidente Abelardo De La Espriella asegurara que trabaja en un protocolo para que la Policía pueda ingresar a los campos universitarios en casos de violencia y vandalismo.

El titular de la cartera de justicia señaló que deben privilegiar el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos.

"Cuando se presenten hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes o cualquier otra circunstancia expresamente prevista en la ley, las autoridades pueden ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce".

Para el Ministerio de Justicia las autoridades deberán responder a las circunstancias concretas de cada caso, estar jurídicamente sustentada y emplear los medios necesarios y proporcionales para restablecer las condiciones de seguridad y convivencia.

En Atlántico

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, no quiso comprometerse en sus declaraciones frente a lo anunciado por el Presidente Abelardo De La Espriella sobre la orden de intervención de la Policía Nacional dentro de las universidades públicas en escenarios de “vandalismo, violencia o flagrancia”.

El mandatario sostuvo que, si bien comulga con la autonomía universitaria, "aboga" por el respeto de los bienes públicos de las instituciones de educación superior.

"Debe haber un respeto por la infraestructura y también la autonomía universitaria", dijo Verano, quien no respondió si estaba de acuerdo o no con la intervención de la Fuerza Pública a las universidades públicas en el país. 

Destacó como obligación procurar un “adecuado comportamiento” por parte de todos los miembros de la comunidad en procura del cuidado el patrimonio físico de las universidades.

“Autonomía universitaria sí, pero también respeto por una infraestructura que ha sido construida con tanto esfuerzo y tanto cariño para que la universidad tenga progreso”, afirmó.

Por otra parte, resaltó que por respeto constitucional se debe permitir la libre circulación de “expresiones políticas, académicas y científicas” dentro del campus.

“El debate y la discusión democrática son pilares fundamentales que nutren el futuro institucional”, puntualizó.

Respaldo en rectoría de Uniatlántico

No obstante, el rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, sí respaldó la orden del Presidente Abelardo De La Espriella sobre el ingreso de la Fuerza Pública en las instituciones universitarias públicas, para enfrentar a los violentos y los vándalos.

"Hoy podemos decir sin ningún temor que es necesario y que desde la Universidad de Atlántico nosotros acogemos ese llamado del Presidente de la República como lo hizo el señor Gobernador (Eduardo Verano), y estamos prestos para ayudar a construir en la medida de lo necesario los protocolos que permitan que en situaciones delicadas de seguridad, de vulnerabilidad de la vida de los estudiantes y de los profesores, puedan las universidades tener el acceso de la Fuerza Pública que ayude a restablecer el orden y guardar la seguridad y la integridad de la comunidad universitaria", expresó en diálogo con Atlántico en Noticias.

Puntualizó que "hay temas complejos que se dan al interior de las instituciones de educación superior".

"Específicamente hay temas complejos de seguridad en la Universidad del Atlántico que con la fuerza interna de la universidad resulta insuficiente controlarla y necesitamos ese acompañamiento de la Fuerza Pública para poder brindar la tranquilidad, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra administración para estos cuatro años", sostuvo.

Barrios afirmó que hay un tema que viene llamando la atención de toda la comunidad universitaria y "nos han manifestado la preocupación en la medida que no se les presta atención a esta situación".

"Hace unos días tuvimos la presencia de una persona que intentó el acoso de un estudiante de la Universidad del Atlántico, una persona ajena al campo universitario que se encontraba al interior de la Universidad de la Atlántico sin conocimiento o sin haber sido registrado en los sistemas de la universidad", contó.

"Situaciones como esta se vienen presentando año tras año y en la Universidad del Atlántico pareciera que las personas que la han dirigido han volteado la cara para enfrentar este gran problema", agregó.

Enfatizó que "nosotros no vamos a mirar para el otro lado".

"Nosotros vamos a enfrentar con contundencia la situación de la universidad. Dijimos que la seguridad era primordial para nosotros estos cuatro años, por eso avanzamos, y el próximo mes, vamos a tener ya el control de acceso activado al interior de la Universidad de Atlántico, pero eso debe también darse con el acompañamiento de la Fuerza Pública porque hay otros temas mucho más delicados que necesitamos que se resuelvan inmediatamente", finalizó.