El pasado 30 de diciembre, un día después de que el Presidente Gustavo Petro decretara un incremento salarial del 23.7 por ciento en el salario mínimo en Colombia, con lo que llegó a los 2.000.000 de pesos, la Lonja de Propiedad Horizontal en el departamento del Atlántico expresó su preocupación "frente a los efectos económicos y jurídicos" que se derivarían por ese aumento.

Este fin de semana, en su cuenta de X, el Jefe de Estado escribió en contra de las alzas exageradas en las cuotas de administración de las propiedades horizontales.

Dijo: “Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. 

Tomen el índice de inflación como base. Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administración del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital.

Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio”.

De inmediato, la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico cuestionó la declaración del Presidente Petro, y se rechazó el calificativo de “arribismo”.

Silvia Padilla, presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico, dijo que las decisiones de las juntas sobre incrementos en las cuotas de administración “no responden a actos de arribismo, sino a la realidad económica, laboral, jurídica y de convivencia que enfrentan los conjuntos residenciales en Colombia”.

Sostuvo que el Presidente Petro “está equivocado y su declaración va a generar pleitos en los conjuntos de interés social y las asambleas que tienen que celebrarse en los tres primeros meses del año, van a ser las más belicosas de los últimos 10 años”.

“Las asambleas de propietarios aprueban los presupuestos atendiendo a las necesidades esenciales de los conjuntos, especialmente en materia de seguridad, aseo, mantenimiento y funcionamiento general, servicios indispensables para garantizar condiciones dignas de habitabilidad y convivencia para miles de familias”, señala el comunicado.

Recuerda la entidad gremial que “gran parte de estos servicios están asociados a contratos con empresas proveedoras cuyos trabajadores reciben salario mínimo legal vigente y prestaciones laborales obligatorias. Por ello, estos costos incrementan conforme al ajuste del salario mínimo, situación que supera el índice de inflación (IPC)”.

Al cuestionar un ajuste ceñido al 5,1 % del IPC podría conducir a la desfinanciación de la administración, reducción o suspensión de servicios esenciales, afectación directa de la seguridad, conflictos de convivencia entre propietarios o deterioro del tejido social en las comunidades.

Se advierte también que la situación es aún más crítica en la propiedad horizontal de interés social, donde los servicios son indispensables y no pueden ser reemplazados plenamente por tecnología, pues la vigilancia humana continúa siendo esencial según múltiples pronunciamientos institucionales.

Se hizo al gobierno “un llamado respetuoso” para comprender que “la propiedad horizontal no es un lujo ni símbolo de ostentación, es un sistema comunitario que sostiene la convivencia urbana, protege la seguridad y asegura bienestar colectivo”.

Finalmente, la Lonja de Propiedad Horizontal expresó “voluntad de diálogo, colaboración y construcción conjunta de soluciones que protejan a las familias colombianas y garanticen la sostenibilidad real de nuestras comunidades. No es arribismo. Es responsabilidad, convivencia y realidad social”.