La Contraloría General de la República abrió un Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal contra el Gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, en cuantía de más de $1.525 millones de pesos, dentro del caso denominado como el Cartel de la Hemofilia.

La Gobernación pagó un saldo por ese valor a la IPS San José de la Sabana S.A.S. que le adeudaba la administración anterior, a pesar de que ya era de conocimiento público la trama de corrupción que se había montado y que dicha empresa había aparecido involucrada en ese Cartel.

Esta vez la IPS San José de la Sabana facturó a la Gobernación de Córdoba el supuesto tratamiento y entrega de medicamentos de 14 personas, afirmando que habían sido diagnosticadas con hemofilia y/o enfermedad de von Willebrand, sin que existieran los soportes, ni las actas de Comité Técnico Científico, ni historias clínicas de la EPS tratante, que justificaran de manera alguna este pago.

Los 14 pacientes supuestamente fueron atendidos por la IPS San José de la Sabana, en enero de 2015, y sin embargo no existe registro alguno de que padecieran la enfermedad.

A pesar de lo anterior, la Gobernación pagó el total que facturó por la IPS por este concepto, mediante giro de recursos efectuado el 23 de mayo de 2016, por cuantía de $1.525 millones de pesos, tal y como consta en el Certificado de Dispersión de Fondos expedido por el Banco de Bogotá, bajo la cuenta de Tesorería, Hemofilia 2016.

Al efectuar dicho pago, la Gobernación desconoció los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS de afiliados al régimen subsidiado, actuando sin implementar los controles necesarios para detectar deficiencias o inconsistencias en los cobros y por lo tanto, sin garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP destinados en salud a la población pobre no asegurada.

Pagos con documentos falsos

Dentro de los soportes de las facturas pagadas por la Gobernación, figura el diagnóstico del médico hematólogo Luis Alfredo Meza Nieves, cuyo testimonio es prueba fundamental.

En entrevista concedida a la Contraloría en mayo de 2016, al ser cuestionado por los hechos evidenciados, el médico citado manifestó que las firmas de los documentos de diagnóstico no sólo no corresponden a la suya, sino que él nunca le ha prestado servicios a esa IPS, ni ha tenido vínculo alguno con ellos.

Lo anterior permite afirmar, que los documentos aportados por la IPS para el pago de la Gobernación, serían presuntamente falsos.

El médico hematólogo claró también que las órdenes de medicamentos que supuestamente habían sido suscritas por él, no responden a un criterio médico al no existir relación entre la dosificación ordenada y el tratamiento para esa enfermedad, y las historias clínicas que se le pusieron de presente, no cumplen tampoco con los protocolos establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia para el tratamiento y dosificación del trastorno.

Los supuestos exámenes de laboratorio, que en situaciones normales servirían de base para el diagnóstico médico, habrían sido prestados por la Clínica Santa Lucía del Sinú, y suscritos por la bacterióloga Lisbei Patricia Suárez.

Sin embargo, en el testimonio rendido a la Contraloría, la profesional de la salud desconoció la firma de los exámenes y afirmó que no solo no correspondía a la suya, sino que durante 2014 no había prestado sus servicios ni a la Clínica, ni tampoco a la IPS.

Más falsedades

La Contraloría igualmente interrogó a uno de los supuestos pacientes, cuyo testimonio sería prueba de más falsedades, quien manifestó que nunca ha tenido enfermedad alguna, que ni él ni nadie en su familia es paciente hemofílico, y que nunca se ha realizado exámenes médicos ni de laboratorio para diagnosticar esa enfermedad, ni en Montería, ni en ninguna otra ciudad del país.

Fue igualmente enfático en afirmar que nunca ha recibido, como tampoco su círculo familiar, tratamiento médico alguno para hemofilia, y que tampoco conoce la IPS San José de la Sabana, ni el Laboratorio Clínico Santa Lucía del Sinú.

Y requeridas por parte de la Contraloría las EPS a las que se encuentran afiliados los supuestos pacientes, confirmaron todo lo anterior: NUEVA EPS, SALUDTOTAL EPS, y la EPS SALUDVIDA, aseguraron que los pacientes no se encuentran registrados en sus bases de datos como hemofílicos o con otras enfermedades huérfanas, que no existe evidencia alguna de la autorización para la prestación de servicios médicos relacionados, ni de asistencia a citas, ni órdenes de laboratorio o de medicamentos, ni atención clínica para dicha enfermedad.

Pruebas recaudadas por la Contraloría

Durante la investigación, la Contraloría pudo demostrar que se utilizó el mismo modus operandi que ya había sido evidenciado durante la administración del anterior Gobernador, Alejandro Lyons Muskus.

En el expediente obran las facturas de la IPS San José de la Sabana, que a pesar de haber ido emitidas en enero de 2015, durante la administración de Lyons, fueron pagadas por el Gobernador Edwin Besaile Fayad.

Igualmente se recaudaron documentos supuestamente tramitados como: las actas de entrega de medicamentos por parte de la IPS, comprobantes de ingreso y salida de pacientes y exámenes de consulta externa a través de los cuales el médico hematólogo verificaba la evolución de los pacientes; y adicionalmente las actas levantadas por la Contraloría con los testimonios del médico, uno de los pacientes y las respuestas de las EPS.

Contralor solicita medidas cautelares dentro del proceso

El Contralor Edgardo Maya Villazón solicitó a los funcionarios de la Gerencia Departamental de la Contraloría en Córdoba que, atendiendo a la gravedad de los hechos evidenciados, le impriman celeridad al trámite y decisión del Proceso de Responsabilidad Fiscal que se adelanta contra el Gobernador Besaile Fayad, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, ejecutados por la Gobernación de Córdoba durante la vigencia 2016, que para el caso en mención, se refiere a los pagos por hemofilia y enfermedad de von Willebrand.

Así mismo, el Contralor solicitó valorar con celeridad la respectiva imputación de responsabilidad fiscal, así como la decisión de fondo dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal, previa valoración de las pruebas que se recauden en el trámite procesal.

Igualmente, el Contralor ha sido enfático en la necesidad de adelantar las diligencias de averiguaciones de bienes para el decreto inmediato, en el marco de las competencias y funciones de la Contraloría, de las medidas cautelares a que haya lugar.

Maya Villazón ha sido contundente al solicitar que se decreten las medidas cautelares que procedan para el caso, contra quienes ostenten la condición de servidores públicos, independientemente que sean del nivel central, departamental o municipal.

Presuntos responsables

En calidad de Presuntos Responsables, la Contraloría General de la República llamó a responder por los más de $1.525 millones de pesos pagados a la IPS San José de la Sabana, al Gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, en su condición de representante legal de la entidad territorial afectada.

Igualmente, se encuentran vinculados los Secretarios Departamentales de Salud, Alfredo Aruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán.

También fueron llamados a responder por estos hechos el Auditor Médico Juan David Náder Chejne y el Coordinador del Plan Ampliado de Inmunización del departamento, Alfredo Ceballos.

De igual forma, las acciones de la Contraloría se dirigieron contra la IPS San José de la Sabana y contra su Representante Legal, Ruby Esther Durante Ramos.