El programa 'Gran Hermano', uno de los de más audiencia en televisión a nivel internacional, ha causado revuelo en su versión española, ya que pudo haber cometido un delito al conocerse recientemente que no actuó frente a la posible violación de una concursante, provocando una enorme polémica en ese país y el retiro de patrocinadores.

Un diario español compartió el vídeo en el que la productora del programa, Zeppelin, mostraba a la joven las imágenes de la presunta agresión sexual por parte de otro concursante, tras una fiesta en la que había bebido alcohol, y en el que se veía la reacción de la víctima (Carlota Prado) ante esas imágenes, que ella no recordaba.

Los hechos ocurrieron en 2017, durante la edición de 'Gran Hermano', emitida en la cadena de televisión Telecinco, que los denunció y en estos momentos están pendientes de juicio, pero su publicación en los medios ha desencadenado la reacción de la opinión pública y de empresas.

Ya hay más de cuarenta marcas, entre ellas Telefónica, BBVA o Lotus, que anunciaron que retiran la publicidad.

Pero mientras los anunciantes desertan, las audiencias actuales del programa, en su edición "Gran Hermano Vip", no solo no se resienten, sino que, en plena polémica, la emisión de este espacio batió el récord de temporada, con un 35 % de cuota de pantalla y 3,6 millones de espectadores.

Tras salir el caso a la luz pública, la productora afirmó en un comunicado que en el momento de los hechos activó los protocolos establecidos, "presentó de forma inmediata la denuncia, expulsó al presunto agresor del concurso" y retiró a la chica de la casa y la trasladó a un hotel, "acompañada de psicólogos independientes y familiares".

Sin embargo, expertas juristas explicaron que grabar una violación o presenciarla y no intentar interrumpir el delito ni auxiliar a la víctima, como presuntamente ocurrió, es omisión del deber de socorro y está penado.

"Si ves que se está cometiendo un delito y no lo impides, infringes el Código Penal", afirmó la presidenta de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice.

Éste no es el primer escándalo que vive la cadena Telecinco, perteneciente a Mediaset, el grupo que acumuló en 2018 más reclamaciones (el 60,4 %) por contenido inapropiado para los niños ante la Comisión pública española encargada de este asunto, y donde el programa "Gran Hermano VIP" lideró las quejas por sus contenidos inapropiados.

Este programa, en sus diversas ediciones, que muestra el día a día de un grupo de concursantes, ha sido objeto de críticas y polémicas desde que comenzó a emitirse en España en el año 2000, cuando Telecinco estrenó la primera edición de Gran Hermano, un espacio que se ha convertido en referente de la llamada telerealidad, que se ha emitido en cincuenta países del mundo.

EFE