El candidato a la alcaldía de Sabanalarga, Carlos Zuluaga, aseguró que “la determinación de la Emisora la Nueva de “suspender” la emisión el día de hoy del programa del periodista (Edgardo Castro Salas) es una decisión autónoma que no tiene nada que ver con nuestra campaña y cualquier aclaración sobre el tema debe ser suministrada por este medio de índole privado”.

Zuluaga aseguró que “la Emisora la Nueva nos ha notificado que han sido “suspendidos” todos los programas periodísticos del día de hoy por instrucción de las directivas de esta organización para evitar alteraciones en el orden público”.

El aspirante conservador también respondió a los cuestionamientos de que ha sido objeto por parte del periodista Edgardo Castro.

“En este sentido, es importante tener en cuenta que el periodista ha demostrado una clara inclinación política por el candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, lo que motiva sus denuncias en un día decisivo dentro del debate político”, dijo al solicitar su réplica ante este medio.

“Nuestra campaña ha denunciado frente a las autoridades competentes las acusaciones públicas sin pruebas y con testigos falsos que este periodista ha hecho en su programa sobre una supuesta compra de votos por parte de líderes de nuestra campaña y hemos sugerido como lo establece la norma que sean las autoridades competentes las que establezcan el juicio con base en el material probatorio para dictaminar la veracidad de las mismas”, agregó Zuluaga.

Puntualizó que “en el día de hoy estuve presente en la emisora para hacer uso del derecho de la réplica y asistir a la cita que de común acuerdo se estableció entre este periodista y el candidato para que se presentara el quejoso, en virtud que la grabación presentada por el periodista solo contenía el nombre, primer apellido y corregimiento de procedencia del denunciante, omitiendo información como cédula de ciudadanía, dirección de domicilio y denuncia ante el órgano electoral competente. Si bien es cierto los medios de comunicación son canales de divulgación comunitarios que profesan la libre expresión y la libertad de prensa, no pueden violentar los derechos fundamentales de los otros ciudadanos y mucho menos convertirse en instrumentos para que se atente contra el buen nombre de una persona”.