La senadora es señalada de haberse "entrometido en funciones exclusivas del Inpec y del poder judicial".
La senadora es señalada de haberse "entrometido en funciones exclusivas del Inpec y del poder judicial".
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Presidencia de la República.

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Radican queja contra la senadora Zuleta por salida de presos a evento con Petro en Medellín

La acción la presentó el concejal Alejandro de Bedout, ante la Procuraduría General de la Nación.

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta. La denuncia se centra en la presunta participación de la congresista en la autorización para la salida de internos de una cárcel con el fin de asistir a un evento público.

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Los hechos en cuestión ocurrieron el sábado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín. En dicho acto, al que asistió el Presidente Gustavo Petro, estuvieron presentes también jefes de bandas criminales. La acusación de Bedout sugiere que la senadora Zuleta habría gestionado el traslado de estos reclusos desde la cárcel de Itagüí.

Según la documentación aportada por el concejal, una resolución firmada por el director encargado de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) autorizó la salida de los internos.

Se detalla que la senadora, en su rol de "coordinadora para la construcción de paz urbana", envió una comunicación al Inpec solicitando el traslado. Previamente, Zuleta habría declarado que traslados similares se habían efectuado en tres ocasiones anteriores para facilitar diálogos con bases y civiles.

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El concejal Alejandro de Bedout argumenta que la senadora incurrió en un conflicto de intereses. Según su queja, Zuleta actuó simultáneamente como "delegada del Gobierno y operadora de políticas", lo que, a su juicio, afecta la autonomía del Congreso.

La denuncia cita presuntas violaciones a artículos del Código Penal y a principios constitucionales como la imparcialidad y la moralidad administrativa.

El texto de la queja añade que la senadora se habría "entrometido en funciones exclusivas del Inpec y del poder judicial", lo que, en su perspectiva, configuraría una usurpación de potestades estatales en materia de seguridad pública y penitenciaria.