Se llevó a cabo este martes durante unas tres horas la reunión convocada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, con los ocho candidatos presidenciales, para escuchar sus preocupaciones, inquietudes y propuestas de garantías electorales, de cara a la jornada del 29 de mayo próximo.

No obstante, solo asistió Ingrid Betancourt, los demás aspirantes enviaron representantes.

La principal preocupación expresada es que la Registraduría haga los ajustes para los comicios de la primera vuelta presidencial, y no se presenten las fallas de las legislativas de marzo con el conteo de las votaciones.

Llamó la atención el pronunciamiento del candidato Sergio Fajardo, quien envió delegado al encuentro, pero en su cuenta en Twitter sostuvo sobre la reunión convocada.

“Mucho me temo que después de que el gobierno y sus aliados tumbaran la ley de garantías, (la reunión) no es más que un saludo a la bandera”.

El Ministerio Público puntualizó en la cita que ha evaluado más de 400 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral en las pasadas legislativas, por lo que determinó iniciar 33 actuaciones disciplinarias.

De igual forma, la Procuradora Margarita Cabello Blanco requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral informar, en un término de cinco días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales.

También abrió investigación disciplinaria al Registrador Nacional del Estado Civil, buscando determinar si pudo incurrir en faltas por extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

Además, en la selección de la empresa Indra Sistemas por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia del procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses.

Asimismo, la Procuraduría investiga si hubo, por parte del Registrador Nacional, omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales. También, si hubo incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.

Igualmente abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas y, en general, en los procesos de inscripción de cédulas.

También la jefe del Ministerio Público designó a cuatro procuradores delegados disciplinarios para evaluar las más de 1.600 quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, de las cuales el organismo ha evaluado más de 400, y encontró mérito para iniciar 33 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otras.