El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó al Consejo de Estado que declare la nulidad del decreto 2552 de 2015, mediante el cual el presidente de la República estableció el aumento del salario mínimo para 2016 en un aumento del 7%. 

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, este decreto es inconstitucional porque ese reajuste al salario es menor al aumento del IPC para las personas de bajos ingresos que, en el 2015, fue del 7,26%. 

El procurador Ordóñez considera que para definir el aumento debió tenerse en cuenta este indicador y no el IPC global. 

El reajuste actual "hace aún más vulnerable la condición de las familias de bajos ingresos, receptoras justamente de la remuneración mínima", señaló el Procurador. 

El Ministerio Público considera que este reajuste desconoce los siguientes artículos de la Constitución Política:

• El carácter mínimo, vital y móvil del salario (artículo 53). 

• El mantenimiento del poder adquisitivo constante de quienes devengan pensiones de un salario mínimo (artículo 48).

• La garantía de la protección especial de la familia (artículo 42).

• La protección especial a aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por su condición económica (artículos 13 y 334).