El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha generado un ambiente de miedo e inseguridad en los colombianos, avivando las preocupaciones sobre el deterioro del orden público y la capacidad de las autoridades para garantizar la protección de sus líderes y de la población en general. 

Este evento violento, sumado a otros incidentes recientes, ha sacudido la confianza pública y puesto en el centro del debate la eficacia de las medidas de seguridad.

La opinión pública observa con cuidado el avance de las investigaciones sobre el caso. Las autoridades han logrado la captura de un menor de edad como presunto autor material, y un presunto cómplice que lo transportó, pero la atención se centra ahora en la identificación y judicialización de los autores intelectuales y de las redes criminales que podrían estar detrás del ataque. 

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La hipótesis de la participación de mafias internacionales, mencionada por el propio Presidente Gustavo Petro, y la solicitud de ayuda a agencias como el FBI y la CIA, infiere la complejidad y la magnitud del desafío que enfrentan los organismos de inteligencia y justicia del país.

El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal, integrante del Centro Democrático y amigo del precandidato, se encontraba el día del atentado a su lado, no dudó en expresar su preocupación por el rumbo que pueda tomar la investigación de este caso.

“Hay una preocupación muy grande que evidentemente tenemos. La fiscal da unas muestras y unas señales preocupantes de su cercanía con el Gobierno nacional, pero la Fiscalía al final no es ella. En la Fiscalía trabajan muchos hombres y mujeres buenos, honestos, valerosos, íntegros, capaces”, dijo en entrevista con Zona Cero.

Aunque advirtió que cree en la justicia. “Yo como institucionalista creo obviamente en la justicia, creo en las diferentes entidades de esta rama del poder y espero que actúen y que demos prontamente con todos los autores materiales e intelectuales que participaron, ordenaron y organizaron esto”.

Barrios Bernal reiteró, que desde su colectividad, “hemos hecho un llamado a no permitir que Gustavo Petro siga dividiendo Colombia en dos bandos, y todos los que estamos del lado de la Constitución, del bando de la ley, de la institucionalidad, tenemos que trabajar unidos”.

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Este atentado también ha puesto en entredicho la efectividad de los esquemas de protección proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La percepción de vulnerabilidad se extiende más allá de los círculos políticos, impactando en el sentir general de una población ya afectada por una creciente ola de violencia en diversas regiones del país.

Precisamente, el concejal denunció en días después del ataque a Uribe Turbay, que la UNP le había solicitado el regreso del vehículo blindado asignado, y aseguró, que desde esa entidad hay una estrategia de intimidación a la oposición.

“Esto es una estrategia de intimidación a la oposición desde la Unidad Nacional de Protección, que hoy está en manos de una persona que militó en el M-19, un movimiento guerrillero terrorista, y en esa medida eso es lo que están buscando (...)  Una estrategia que viene desde ese sector para intimidarnos, para que nos angustiemos, para sembrar temor en nuestras familias, en el pueblo colombiano, pero no lo lograrán”, dijo.

El político bogotano afirmó que “el vehículo lo llevamos a la unidad porque había un proceso de cambio que se estaba haciendo”, aunque estuvo 24 horas sin el carro, pero ahora mismo lo tiene en su poder. Sin embargo, aseguró que no rogará  protección. “Si algo me inculcaron en mi casa fue principios, valores y yo no me voy a arrodillar ante Gustavo Petro ni ante su Gobierno por protección, porque a la final, y esto lo aprendí el sábado (día del atentado a Uribe), mi vida está en las manos de Dios”.

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Fue claro en asegurar que “nadie ha asumido la responsabilidad política de lo que se está viviendo en Colombia y de que el senador más votado del Centro Democrático, y el senador más votado del país en esta legislatura, esté hoy en cuidados intensivos”.

Finalizó diciendo que “parece que para el gobierno Petro esto es un hecho menor, insignificante, y no están midiendo realmente lo que ha ocurrido en este país”. 

En este contexto, la pronta y contundente respuesta de la justicia, así como una evaluación y reestructuración de los sistemas de protección, son cruciales para mitigar el temor, restaurar la confianza y enviar un mensaje claro de que la violencia no socave las bases de la democracia colombiana.