El grupo Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que las objeciones del presidente de Colombia, Iván Duque, a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) podrían "socavar y retrasar la rendición de cuentas por casos vinculados al conflicto armado" en este país.

"Es muy probable que estas objeciones retrasen los procesos judiciales y socaven la justicia que esta decisión presidencial dice promover", afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado difundido en Washington sobre la decisión anunciada el domingo por el gobernante colombiano.

Duque presentó objeciones "por razones de inconveniencia" a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que estaba a la espera de la sanción presidencial.

Vivanco, quien dijo que compartía "algunas de las preocupaciones expresadas" por Duque, consideró que "la objeción presidencial no es la forma correcta de solucionar estos serios defectos".

"La objeción presidencial de Duque seguramente le ayude a ganar apoyo entre quienes se oponen al acuerdo de paz", expresó Vivanco, quien subrayó que "es probable que no ayude en nada a garantizar que las víctimas del conflicto armado obtengan la justicia que tanto necesitan y a la que tienen derecho".

En la nota, HRW apuntó que el veto "busca revivir algunas disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional", por lo que consideró "muy probable" que esa instancia "las vuelva a rechazar".

Y alertó de que, entretanto, la Jurisdicción Especial para la Paz "no tendrá bases legales claras" con las cuales llevar adelante sus casos.

La organización de derechos humanos apuntó igualmente que una de las disposiciones objetadas "suspendería en buena medida los procesos penales en la justicia ordinaria hasta que estos casos sean transferidos a la Jurisdicción Especial para la Paz".

Además mencionó que otra de las disposiciones objetadas "permite que la Jurisdicción Especial para la Paz renuncie a la persecución penal de aquellos que no sean considerados los 'máximos responsables' de crímenes de guerra y de lesa humanidad".

La citada ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, por lo que solo le faltaba la sanción presidencial, pero con la objeción parcial será devuelta al Congreso.

EFE