El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio José Archila, calificó este viernes de "irresponsable" la afirmación del diario estadounidense The New York Times de que 3.000 exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz retomaron las armas.

Según Archila, el total de excombatientes acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz por haberse acogido al acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue de 13.000 y en el censo que hizo este año la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se contabilizaron 10.000 excombatientes.

"Es irresponsable pensar que los 3.000 que no están en el censo volvieron a delinquir", aseveró el funcionario en un video en respuesta a la editorial "La paz en Colombia es muy preciada para abandonarla", que publicó este viernes el diario y en la que dice que casi tres años después de la firma del acuerdo "la paz podría estar deshaciéndose".

El editorial menciona asimismo que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha "saboteado los avances pacíficos" y que "hasta 3.000 militantes (de las FARC) han reanudado los combates. El Ejército ha intensificado los ataques contra militantes y presuntos criminales, lo que lleva incluso a algunos oficiales a temer que tácticas tan agresivas conduzcan a la muerte de civiles".

Al respecto, Archila aclaró que el Gobierno "no está saboteando" el acuerdo, sino que, al contrario, se está "fortaleciendo con una implementación muy bien planeada y esfuerzos robustos".

"Somos respetuosos de todas las editoriales, pero en este caso The New York Times fue bastante superficial en las fuentes que consultó. Ese editorial no dudaría en calificarlo de superficial porque no consulta los hechos", agregó.

El diario neoyorquino reveló en un artículo publicado el pasado 18 de mayo que la política del Ejército colombiano para mejorar los resultados operacionales puede poner en riesgo a civiles y revivir la táctica de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como "falsos positivos", lo que dio pie a una agria controversia con el Gobierno.

Dichas ejecuciones fueron cometidas por miembros de la fuerza pública en la década pasada cuando reclutaban en distintas partes del país a jóvenes, en su mayoría desempleados e incluso algunos discapacitados, a quienes ofrecían un trabajo que resultaba ser un anzuelo para llevarlos a otros lugares donde los ejecutaban y los presentaban como guerrilleros muertos en combate.

Esa táctica era utilizada por los militares para mejorar sus resultados en la lucha antiguerrilla y de esta forma recibir, permisos, premios e incluso ascensos.

La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC.

Según el reportaje, en Colombia hay una orden para que los militares no "exijan perfección" al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos militares han señalado que eso implica desproteger a inocentes y ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

EFE