Medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro impuso la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.

"De la misma manera, se afectaron con medida cautelar 100 millones de pesos, al parecer correspondientes a un leasing financiero contratado por Benedetti Villaneda", mencionó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Informaron que los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluados en más de $8.000 millones, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado.

"Las acciones adelantadas se originaron en una compulsa de copias ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación adelantada en contra de Benedetti. Información suministrada por la DIAN permitió establecer que el señor Benedetti Villaneda presenta patrimonios por justificar para los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017", se lee en el comunicado del ente acusador.

La Fiscalía indicó que "el material probatorio recaudado evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar".

"A estas acciones se habría sumado Rubi Corredor Ruiz, a nombre de quien figura un inmueble por $1.600 millones, enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para la época en la que dicha entidad era investigada por los entes de control tras actuaciones irregulares que afectaron las finanzas de la administración pública", puntualizó la entidad.