El juicio contra la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su esposo, Iñaki Urdangarin, acusados de corrupción, comenzó en Palma de Mallorca (Islas Baleares, Mediterráneo).

Cristina de Borbón se sienta en el banquillo acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, en el denominado Caso Nóos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6,6 millones de dólares de fondos públicos.

Poco antes, el matrimonio había entrado junto a las dependencias habilitadas en Palma de Mallorca (Islas Baleares) y no se detuvo ante las decenas de periodistas que esperan a las puertas del edificio, aunque la infanta saludó con un "hola" a los informadores.

Minutos antes habían llegado sus respectivos abogados, que en la primera jornada del juicio plantearán las cuestiones previas.

La defensa de la hermana del rey solicitará al tribunal que la exonere de la acusación de delito fiscal porque considera que la única parte acusadora, el sindicato Manos Limpias, no está legitimado para sentarla en el banquillo.

La infanta está acusada como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido; y Manos Limpias pide que sea condenada a ocho años de prisión, pero los abogados reclamarán que sea exculpada en aplicación de la llamada doctrina Botín.

Esta jurisprudencia surge a raíz del proceso en 2007 contra el expresidente del Banco Santander, el fallecido Emilio Botín.

Establece que no se puede abrir juicio a un imputado si solo presenta cargos contra él la acusación popular, circunstancia en la que se encuentra la infanta, ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado presentaron cargos contra ella y solo lo hizo la acusación popular de Manos Limpias.

Los abogados de la infanta, Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord, utilizarán este argumento y defenderán que la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por delitos fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587.413 euros, según la Fiscalía, y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.

Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de hasta 26 años, acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.

Anulación por vulneración de derechos

El abogado defensor de la infanta Cristina -hermana de Felipe VI-, Jesús María Silva, solicitó la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo porque se están vulnerando sus "derechos fundamentales".

Cristina de Borbón está acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, Iñaki Urdangarín, en el denominado Caso Nóos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6,6 millones de dólares de fondos públicos.

En el turno de cuestiones previas con el que se inició el juicio ante la Audiencia de Palma de Mallorca (en las Islas Baleares), Silva subrayó que reclama la exoneración de la infanta por la "jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo" español en sucesivos pronunciamientos.

El letrado subrayó que el grupo Manos Limpias, acusación popular en la causa, no está legitimada para mantener en solitario la imputación de Cristina de Borbón si no la secundan ni la Fiscalía ni acusaciones particulares.

Según explicó, el auto de apertura de juicio oral vulnera el derecho fundamental a la defensa de la hermana del rey, por lo que debe ser anulado.

Silva citó a varios prestigiosos penalistas para calificar el encausamiento sostenido en solitario por una acusación popular como "una de las peores pesadillas" de los teóricos del Derecho.

Indicó que, además del fallo del Tribunal Supremo que exoneró de acusación al banquero español Emilio Botín en 2007, hay pronunciamientos posteriores del mismo órgano que confirman y precisan la misma jurisprudencia en este sentido.

Además, el letrado enfatizó que el Tribunal Supremo español ha planteado expresamente que este principio es "vinculante para todos los órganos de la jurisdicción".

EFE