La Fiscalía General de la Nación capturó a tres personas que presuntamente daban apariencia de legalidad a $53 mil millones en favor de Jorge Eliécer Fuentes Gulfo, alias 'Cholo banano' o 'Platanero', quien está en proceso de extradición por ser presuntamente un narcotraficante al servicio del 'Clan del Golfo'.

Indicó el ente acusador que la red fue afectada de "manera estructural" y es señalada de lavar recursos procedentes del envío de estupefacientes a Estados Unidos, desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena.

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"La investigación da cuenta de que la organización ilegal enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en contenedores que llevaban frutos secos y bananos, y en lanchas rápidas tipo gofast que hacían tránsito en países de Centroamérica con destino a Estados Unidos", explicó la Dirección de Inteligencia Policial y Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

Al parecer, con la constitución de sociedades de papel en sectores económicos como logística portuaria, específicamente en la producción de estibas utilizadas para el transporte de banano, hotelería e inmobiliario, habrían dado apariencia de legalidad a $53 mil millones de pesos, que serían producto de la actividad del narcotráfico, recursos que eran canalizados a través del sistema financiero. 

Explica la Fiscalía que alias 'Cholo banano' es un empresario dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas de la región del Urabá y Medellín, y sería "el principal articulador del entramado ilegal y uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del 'Clan del Golfo' desde el 2011".

Actualmente está recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, a la espera de que se defina su extradición a Estados Unidos.

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En esta diligencia de la Fiscalía, fueron capturados Luis Fernando Díaz Roldán, Martha Elena Santacruz Palacios y Juan Carlos Herrera Rodríguez.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas tres  personas los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad. 

Además, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, nueve sociedades, cuatro vehículos y dinero depositado en dos productos financieros.

Los bienes afectados estarían avaluados, preliminarmente, en $70 mil millones.