La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia denunció hoy en un informe que tan solo se ha cumplido un 18,5 % del acuerdo de paz alcanzado en septiembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

"El Gobierno tan solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz", denunció el coordinador del informe, Joaquín Sánchez, durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo.

El documento, que se elaboró tras una visita a Colombia en marzo de 2017, contó con la participación de representantes de partidos políticos y organizaciones sociales de Alemania, Bélgica, Italia y España.

"Sólo se ha cumplido un 5 % con respecto a la reforma rural integrada; un 19 % en lo relativo a la participación política y un 33 % de lo prometido sobre el fin del conflicto", denuncio Sánchez, quien destacó que las FARC "están cumpliendo el alto el fuego".

Las FARC anunciaron este fin de semana que abandonaban la campaña electoral debido a la "ausencia de garantías", una situación que, en palabras de Sánchez, "recuerda a la de la Unión Patriótica, que fue prácticamente exterminada por grupos paramilitares".

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Javier Couso, quien también participó en la elaboración del informe, denunció el "asesinato de más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018".

"La Unión Europea (UE) tiene un rol muy importante como acompañante en este proceso de paz y debe exigirle al Gobierno de Colombia que desmantele el paramilitarismo", afirmó Couso, quien considera que "hay sectores que están haciendo lo posible para que el proceso de paz descarrile".

Otro de los redactores del informe, el coordinador de la Red de Solidaridad Flamenca con la comunidad de paz de San José de Apartadó, Frans van Olmen, denunció que, aunque el acuerdo de paz "incluía la devolución de tierras por parte de los paramilitares a sus legítimos dueños", sólo se ha iniciado el 20 % de los procesos.

"La UE también tiene que exigir la justificación adecuada del dinero de su fondo fiduciario donado a Colombia", señaló Van Olmen, quien también criticó el papel de las empresas europeas en el país latinoamericano como "generadoras de violencia y expolio".

El activista flamenco indicó que "también nos preocupa la tendencia de las agencias de cooperación a canalizar todos los fondos a través del Gobierno colombiano, una práctica que ha demostrado ser menos eficiente que ofrecérselos a los agentes implicados".

A la presentación del informe también acudió un representante de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Germán Graciano, que denunció que el pasado 29 de diciembre sufrió un intento de asesinato por parte del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

"La paz que tenemos a día de hoy es sólo una paz de palabra, no hay sensibilidad por parte del Gobierno colombiano para parar la injusticia hacia la población civil y garantizar que este conflicto sea historia", aseguró Graciano.

Las comunidades de paz como San José de Apartadó y otras son municipios que se declararon neutrales en el conflicto entre las FARC y el Gobierno de Colombia y que no aceptan la presencia de guerrilleros, militares ni paramilitares en su territorio.

Según recoge el informe, los 52 años de conflicto armado entre las FARC y el Gobierno colombiano han causado 20.000 muertos, 9.000 desaparecidos, 7,2 millones de desplazados internos y 8,6 millones de afectados.

EFE