Como una “mafia informática”, dedicada a la sistemática alteración de cifras electorales, califican apoderados y testigos de diferentes candidatos, a los responsables de la adulteración de los registros y que aun mantienen en vilo los resultados de las elecciones del pasado 25 de octubre.

En esta oportunidad los denominados “saltos de Canguro” traspasaron todas las expectativas. No en vano hay quienes consideran que rompieron todos los récords de triple salto de la gran Catherine Ibargüen.

Las graves denuncias evidencian hechos delictuosos, razón por la cual el CTI de la Fiscalía decidió intervenir para “encerrar a los canguros”, verificar los hechos y establecer las responsabilidades del caso.

Fue por ello que acopió toda la información contenida en las 45 comisiones escrutadoras, especialmente en la No. 34 correspondiente a 59 mesas de los puestos que funcionaron en el Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe, IED Villanueva y Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, donde, en concepto de testigos electorales y apoderados, hubo una verdadera “invasión de canguros”.

“Probablemente haya capturas y posiblemente los capturados se acojan al principio de oportunidad y revelen quienes son los determinadores del hecho delictuoso”, declaró en Atlántico en Noticias el apoderado del Partido Liberal, Víctor Polo Sanmiguel.

Los hechos más graves fueron denunciados en las mesas 25, 26, 27, 28 y 29 del Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe, donde los votos de la candidata Liberal, María Luisa Pulgar Daza, fueron transformados inicialmente de 72 a 548 hasta llegar a 714.

Esta situación fue denunciada ante la Fiscalía por los mismos miembros de la Comisión No. 34, asegurando que la información manejada por ellos, con los E14 es muy diferente a la que figura transformada en el E24 que consolida la votación.

Situación similar fue denunciada por el Concejal y candidato José Trocha Gómez con respecto a la votación del también Concejal y aspirante a repetir curul, Carlos Hernández Carrillo, ambos del Partido Cambio Radical.

En la misma Comisión, los apoderados de la Diputada y candidata a la Asamblea, Lilia Manga Sierra, también denunciaron el salto de 309 a 918 votos que alcanzó Yessid Pulgar Daza.

Ante ello, los miembros de la Comisión No. 34 decidieron cerrar los escrutinios y que las reclamaciones por errores fuesen presentadas a la Comisión Municipal para el respectivo saneamiento de nulidad.

Al contar la Comisión Municipal con la información de la totalidad de las comisiones escrutadoras, el CTI procedió entonces a intervenir la información de estas para la verificación de los hechos denunciados.

La actuación del CTI no afecta la labor que sigue realizando la Comisión Municipal.

Sin embargo, la “plataforma diabólica”, como la califica la Diputada y candidata Lilia Manga Sierra, también extendió sus tentáculos a los municipios del Atlántico.

En Sabanalarga, por ejemplo, la Comisión escrutadora Departamental le anuló 50 votos que fueron irregularmente adicionados al Diputado y candidato a la Asamblea, Yessid Pulgar Daza, por el Partido de La U, de acuerdo con lo denunciado por el apoderado de Lilia Manga.

En Campo De la Cruz, el candidato a la Asamblea por el Partido Conservador, Carlos Zambrano, denunció la alteración de resultados en los formularios E24 y E26 con respecto a los inicialmente consignados en el E14 y que también beneficiarían a Yessid Pulgar Daza.

Casos similares también fueron denunciados en el municipio de Soledad, lo que para muchos refleja un “fraude sistemáticamente calculado”, hackeando la plataforma oficial de la Registraduría y demostrando la vulnerabilidad del sistema para ser permeado de manera delictiva.

A lo anterior se suman denuncias contra distintas comisiones del Atlántico que impidieron a testigos electorales y apoderados tomar registros fotográficos de los E14 para tenerlos como pruebas o evidencias frente a cualquier alteración los mismos que se pudiese presentar.

Tanto apoderados como testigos electorales y veedores presentes en la Base Naval, donde cumple su labor la Comisión Municipal, coinciden en que la tarea investigativa del CTI de la Fiscalía debe concluir con la judicialización no solo de funcionarios de la Registraduría y particulares implicados, sino también con los determinadores o autores intelectuales que finalmente se benefician de esos hechos delictivos y tipificados en el Código Penal.