Han pasado varios días después de las exequias de Miguel Uribe Turbay, pero el país sigue en un clima de tensión constante en dos campos fundamentales: la política y la seguridad, que terminan convergiendo en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

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El magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático encendieron las alarmas de todo el país, principalmente porque la ola de violencia que viven cotidianamente las zonas de conflicto, como el Catatumbo o Cauca, está llegando a un campo como el político que tenía años sin vivir un asesinato de tal magnitud, con mayor precisión desde las elecciones de 1990.

La gran duda que surge entonces es: ¿El Gobierno Petro está dando las garantías para este proceso democrático?

María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, respondió tajantemente que no.

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"Tuvimos que restringir la campaña. Ya no podemos salir a lugares abiertos, no podemos exponer la vida", aseguró en su momento.

Pero no solo es lo que dijo una líder de la derecha, del propio Pacto Histórico, movimiento del Gobierno, denunciaron que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no les brindó protección.

Gustavo Bolívar solicitó a la UNP un vehículo en Cali para su seguridad, pero la respuesta fue negativa.

Lo que más le indignó a Bolívar es que cuando advirtió a altos funcionarios de la UNP que cualquier cosa que le pasara corría por cuenta de la entidad, "respondieron, escuetamente, que no importa".

El precandidato tuvo que movilizarse con una camioneta prestada por un amigo en el Valle del Cauca.

La preocupación creció por lo que vivió el representante a la Cámara, Julio César Triana, quien, aunque no es candidato, sufrió un atentado cuando se desplazaba en una camioneta.

Grupos armados intentaron frenar el automotor que lo transportaba, pero como el vehículo siguió su marcha, dispararon e impactaron el carro en ocho oportunidades.

El político de Cambio Radical salió ileso al igual que sus acompañantes, pero este hecho generó el rechazo de todo el país y nuevamente la petición al Presidente Petro de mejorar la seguridad.

Susana Muhamad, precandidata del Pacto y exministra de Ambiente, indicó a Zona Cero que estas afectaciones vendrían desde las disidencias de las FARC, pero a diferencia del resto, aseguró sentir "garantías electorales".

"Estamos tomando todas las medidas y tenemos las condiciones suficientes", puntualizó Muhamad, acotando que han realizado una campaña con normalidad. 

Por su parte, Roy Barreras, exsenador y exembajador, también consideró que los ataques son una "desestabilización", pero invitó a creer en la fuerza del Estado.

"No vamos a dejarnos ganar de los agentes de la muerte. Las organizaciones criminales e ilegales que piensan que desestabilizando pueden cometer mejor sus crímenes deben saber que el Estado siempre prevalece", sostuvo a este medio.

Panorama político

Las dudas sobre las garantías están latentes, pero no es el único tema que el magnicidio pone sobre la palestra. Otro es sobre el panorama político del país.

Expertos en la materia tienen pensamientos muy similares. Por ejemplo, Eduardo Palencia, director de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, afirmó que la situación es "complicada y desalentadora".

El magnicidio genera una sensación de que "no se permite que se alce la voz" y que "en vez de traducirse en búsqueda de conciliación, de desescalamiento del discurso, de evitar un verbo incendiario que altere más las emociones en la sociedad, lo que ha hecho es radicalizar y con mucha tristeza se advierte una instrumentalización del acto desde diferentes orillas políticas".

El politólogo Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, también consideró que el panorama se mantiene "inalterable", porque las contrapartes siguen en el discurso polémico y no en las propuestas de país.

"Tenemos a un bloque de expresiones, partidos y movimientos de izquierdas aglutinados en torno al Pacto Histórico y el liderazgo del Presidente Petro, un centro que todavía no se consolida y que está dividido, y una derecha que se encuentra fragmentada y que no ha logrado construir una estrategia política que le sirva para confrontar al proyecto del Pacto Histórico con propuestas que sobrepasen el ataque a la figura del Presidente".

Ángel Tuirán, docente de Ciencia Política de la Universidad del Norte, trajo al debate no solo el magnicidio, sino la condena a Álvaro Uribe Vélez, elementos que "serán utilizados por sectores de derecha para posicionar en la escena del debate electoral no solo una lista al Congreso, sino también una candidatura final que les permita competir y recuperar el espacio presidencial". 

Además, también cree que la izquierda también partirá con una ventaja: “Hay definición de una suerte de primarias internas en sectores cercanos al gobierno que apuntan a decantar pronto un candidato”. Es decir, los cercanos a Petro están un paso más adelante en definir a su candidato para 2026.

Igualmente, recordó que al no poder realizarse encuestas de opinión hasta noviembre de este año “no habrá esa presión” desde un primer momento, pero no se podrán filtrar a los reales candidatos.

Lo que, sin duda, termina afectando a una derecha que ha demostrado una gran división, sobre todo por nombres fuera del Centro Democrático como Vicky Dávila, Abelardo De la Espriella o Santiago Botero.

¿Cómo afectará esto el último año del Gobierno Petro?

Luis Trejos cree que, tras el magnicidio, el último año de Petro será el más radicalizado, tanto por el Gobierno como por la oposición.

"Esto pareciera que se va a mantener hasta el próximo año y es muy seguro que veamos entonces una campaña presidencial que va a girar en torno a la manipulación de emociones y no a la exposición de ideas o planes de gobierno", argumentó.

Mientras que Palencia ve este último año desde otra óptica: el crimen contra Uribe Turbay será tomado por las fuerzas opositoras para resaltar una "ineficacia" por parte del Ejecutivo.

Resaltó que Petro ha tenido que batallar con "problemas endógenos (es decir, generados por sus copartidarios)" y el resultado será una "gobernabilidad en entredicho". 

Tuirán apuntó que el Gobierno vivirá un año complejo desde lo social, porque la polarización "aumentará" y el cruce de responsabilidades seguirá latente.

Sin embargo, cree que los mayores desafíos serán demostrar que se puede hacer una campaña electoral con garantías e insistir en la obra de su Gobierno para abrir campo a un posible sucesor.