La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $4.642 millones en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Coralina, en donde realizó una auditoría de cumplimiento de la vigencia 2023-2024.

El ente de control evidenció inconsistencias en el contrato interadministrativo para evaluar el grado de afectación de los arrecifes coralinos del archipiélago por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo y recolección de muestras en el proyecto para la recuperación de esos ecosistemas.

En ese contrato, suscrito el 28 de noviembre de 2023 entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa - Asomucosta -, se determinó un hallazgo administrativo con connotación fiscal por $3.000 millones.

Se evidenciaron falencias en los estudios previos que generaron incertidumbre sobre las necesidades reales, así como en los materiales y equipos requeridos, lo que afectó la trazabilidad del valor estimado del contrato. Por ejemplo, aunque se pedía cubrir los costos de lancha y operación logística para el desarrollo de las actividades, no se indica el número de lanchas necesarias, ni se detalla la operación logística relacionada.

Tampoco se especifica la cantidad de ungüento y amoxicilina para el desarrollo de la expedición, ni los materiales que se requieren, cantidades o especificaciones técnicas.

Además se evidenciaron ítems no ejecutados, como la contratación de biólogos que, aunque debía estar a cargo contratista Asomucosta, fueron vinculados por la Corporación y aún así se efectuó el pago. También se identificó una propuesta presentada por el contratista se incluye un vuelo y acomodación Pims (Bahamas – Archipiélago – Bahamas), a pesar de que no se encuentra contemplado en el estudio previo.

Otras de las inconsistencias se identifican en pagos por $1.949 millones en varios servicios durante el contrato. En total se evidenciaron desembolsos por concepto de ítems no ejecutados, no soportados o con inconsistencias por $3 mil millones.

La Contraloría General de la República estableció 20 hallazgos administrativos, de los cuales, 8 presentaron connotación fiscal por $4.642 millones, 15 con posible incidencia disciplinaria y dos 2 con posible incidencia penal. También se definieron 2 beneficios de auditoría por $107.178.362. 

Estos hechos evidencian graves debilidades en la planeación, supervisión y ejecución contractual, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento que comprometen la adecuada administración de los recursos públicos y generan afectaciones directas al patrimonio del Estado. 

En este sentido, la Contraloría General de la República reitera que la vigilancia y el control fiscal constituyen herramientas esenciales para prevenir el detrimento patrimonial, detectar oportunamente irregularidades y garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia, transparencia y responsabilidad, en cumplimiento de su finalidad constitucional de proteger el interés general y asegurar que cada peso invertido contribuya efectivamente al desarrollo y bienestar de la ciudadanía.