Por: Joseph Daccarett

A primera vista, el título de esta columna podría parecer una exageración. Sin embargo, cuando la historia se observa con serenidad y sin apasionamientos ideológicos, la conclusión es distinta: los presidentes no surgen por generación espontánea. Son el reflejo de las frustraciones, las esperanzas y los desencantos de una sociedad.

Eso ocurrió cuando Gustavo Petro alcanzó la Presidencia de la República. Su triunfo fue, en gran medida, consecuencia del profundo agotamiento de millones de colombianos frente a una clase política tradicional que, durante décadas, fue incapaz de ofrecer respuestas eficaces a problemas tan sensibles como la pobreza, la inseguridad, el deterioro del sistema de salud, la crisis pensional, la corrupción y el progresivo debilitamiento de sectores fundamentales de la economía.

La experiencia histórica demuestra que las democracias corrigen su rumbo cuando una parte significativa de la ciudadanía percibe que las promesas de cambio no se traducen en resultados. El voto premia, pero también corrige.

Ese es, a mi juicio, el contexto que explica la llegada de Abelardo de La Espriella a la Presidencia. Al desgaste de la política tradicional se sumó el desencanto frente a un gobierno que prometió transformar el país y que, para una parte importante de los colombianos, terminó incrementando la incertidumbre, debilitando la confianza institucional y económica y aumentando la percepción de inseguridad jurídica y ciudadana.

En democracia, el voto cumple una doble función: otorga confianza y exige responsabilidades. Cuando una sociedad pierde la esperanza en las fórmulas tradicionales, suele abrir espacio a liderazgos que pocos años antes parecían impensables. Más que elegir a un hombre, millones de colombianos decidieron darle al país una nueva oportunidad para corregir el rumbo.

Superada la contienda electoral y aceptado el veredicto de las urnas, comienza la etapa verdaderamente importante: gobernar.

La historia le ofrece al nuevo gobierno una oportunidad excepcional. Ya no basta con señalar los errores del pasado. Ahora corresponde construir soluciones. Colombia necesita menos confrontación y más resultados.

Los frentes en los cuales deberá concentrarse la nueva administración son numerosos: estabilidad fiscal, recuperación del sistema de salud, fortalecimiento de la seguridad, reconciliación nacional, sostenibilidad del sistema pensional, recuperación de la confianza inversionista, reactivación económica, modernización tributaria, infraestructura, crisis del sistema eléctrico, lucha contra la corrupción y reconstrucción de las relaciones internacionales, entre muchos otros.

Una reciente encuesta ciudadana permitió identificar cuáles son, según los colombianos, los desafíos más urgentes que enfrenta el país. Vale la pena detenerse en algunos de ellos.

Salud

El sistema de salud colombiano nació con un propósito noble: garantizar el acceso de todos los ciudadanos a servicios médicos de calidad mediante un modelo de aseguramiento. Su concepción fue acertada.

Con el paso de los años, buena parte del sistema terminó privilegiando el equilibrio financiero sobre la atención al paciente. En demasiados casos, el derecho fundamental a la salud comenzó a administrarse con criterios de rentabilidad antes que de servicio.

Hoy, millones de colombianos enfrentan interminables listas de espera para acceder a especialistas, medicamentos que nunca llegan, tratamientos interrumpidos y una burocracia que convierte la enfermedad en un verdadero calvario.

La reforma que Colombia necesita no puede construirse desde posiciones ideológicas ni responder a intereses económicos particulares. Debe tener al paciente como eje central. Recuperar la confianza, garantizar la sostenibilidad financiera, exigir absoluta transparencia y asegurar una atención oportuna, digna y humana deben convertirse en prioridades nacionales.

Porque cuando un sistema de salud deja de proteger la vida, pierde la razón misma de su existencia.

Seguridad

La seguridad exige una estrategia integral que enfrente simultáneamente al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el sicariato.

Diversos estudios estiman que los ingresos anuales provenientes del narcotráfico superan los 16.500 millones de dólares, mientras que la minería ilegal genera alrededor de 4.200 millones adicionales*. Estas cifras evidencian que una parte significativa de la economía criminal ha adquirido un peso considerable dentro de la economía nacional.

Mientras la economía ilegal continúe siendo más rentable que la formal, las organizaciones criminales seguirán reclutando personas con mayor rapidez de la que el Estado puede combatirlas.

La magnitud del problema también se refleja en el uso del territorio. Colombia registra aproximadamente 261.000 *** hectáreas sembradas de hoja de coca, una superficie superior a la destinada a cultivos tradicionales como la yuca, la papa, el banano y la cebolla.

El fenómeno ha dejado de ser exclusivamente un problema de orden público para convertirse en un desafío económico, institucional y territorial de enormes proporciones. Compite por la tierra, el capital, la mano de obra y el control de extensas regiones del país.

Combatir esta realidad exige mucho más que incrementar el pie de fuerza o incorporar nuevas tecnologías. También requiere comprender su dimensión económica y social. Miles de familias dependen hoy de actividades ilegales para subsistir. El éxito de una política de seguridad dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para sustituir esas economías criminales por empleo formal, inversión productiva y oportunidades reales de movilidad social.

La lucha contra la extorsión merece un capítulo aparte. Ningún comerciante, empresario, agricultor o trabajador debería verse obligado a pagar un “impuesto al éxito” para producir o, simplemente, vivir en paz.

Se requieren organismos de inteligencia fortalecidos, fiscales y jueces comprometidos con la aplicación de la ley, cárceles de máxima seguridad que impidan a los delincuentes seguir dirigiendo sus organizaciones desde prisión y una política efectiva de protección para las víctimas.

El ciudadano honesto tiene derecho a prosperar gracias a su trabajo, no a vivir sometido al miedo.

Economía

Ninguna política social puede sostenerse indefinidamente sobre una economía debilitada. La prosperidad sostenible no surge por decreto. Requiere inversión, productividad, empleo y crecimiento antes de traducirse en una mejor distribución del ingreso.

Uno de los mayores errores del gobierno saliente fue confundir el aumento del gasto público con la creación de riqueza y la reducción de la pobreza. Buena parte de esa expansión no estuvo respaldada por un incremento sostenido de la productividad, sino por un acelerado crecimiento del endeudamiento.

Como consecuencia, la deuda pública superó el 61 % del PIB y pasó de 803 billones de pesos en agosto de 2022 a 1,230** billones en agosto de 2026**. Más preocupante aún resulta el incremento del costo de su servicio, que limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación, seguridad y desarrollo productivo.

El gran desafío consiste ahora en recuperar el crecimiento económico. Para lograrlo será indispensable reducir las cargas que desincentivan la inversión y la generación de empleo, simplificar la actividad empresarial, fortalecer la seguridad jurídica y racionalizar el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente y sostenible.

Al mismo tiempo, el país deberá crear oportunidades reales para quienes hoy encuentran en la ilegalidad su única alternativa de subsistencia.

Un país no derrota el narcotráfico únicamente con fusiles. También lo hace cuando ofrece alternativas económicas más atractivas que la ilegalidad.

Colombia necesita un Estado fuerte, pero no gigantesco. Un Estado eficiente, no costoso. Un Estado que facilite la creación de riqueza antes que uno dedicado exclusivamente a redistribuir una riqueza cada vez más escasa.

Ningún presidente resolverá en cuatro años problemas que el país arrastra desde hace décadas. Pero sí puede sentar las bases de una nueva etapa si logra recuperar la confianza de los ciudadanos, fortalecer las instituciones y devolverle al país un horizonte de estabilidad y crecimiento.

Crisis energética

La política energética exige combinar responsabilidad técnica con visión de largo plazo. Durante los últimos años, decisiones adoptadas en un ambiente de incertidumbre regulatoria y el retraso de inversiones estratégicas incrementaron el riesgo de un déficit en la capacidad de generación. Este escenario adquiere mayor relevancia ante la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, que reduciría la disponibilidad hídrica y aumentaría la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

Evitar una crisis energética debe convertirse en una prioridad del nuevo gobierno. Acelerar las inversiones pendientes, garantizar reglas claras para el sector y recuperar la confianza de los inversionistas resulta indispensable para preservar la seguridad energética del país.

De no adoptarse estas medidas con prontitud, Colombia podría enfrentar incrementos tarifarios de entre el 15 % y el 25 %, una mayor informalidad energética, dificultades para los hogares más vulnerables, cierre o reubicación de empresas, disminución de la inversión extranjera y un aumento del riesgo país, con profundas consecuencias para la competitividad y el crecimiento económico.

Unidad nacional

La democracia no termina el día de las elecciones. Comienza precisamente cuando quienes ganan entienden que deben gobernar para todos y quienes pierden ejercen una oposición responsable, firme y constructiva.

Colombia necesita superar la lógica de la confrontación permanente y recuperar la capacidad de construir consensos alrededor de los grandes intereses nacionales. La seguridad, la salud, el crecimiento económico, la educación y el fortalecimiento institucional no deberían convertirse en banderas partidistas, sino en objetivos compartidos.

Quedan muchos otros asuntos por abordar. Esta columna no pretende agotarlos, sino señalar aquellos que, a mi juicio, constituyen el punto de partida para recuperar la confianza de los colombianos.

Cambio al cambio significa comprender que ningún gobierno posee el monopolio de la verdad y que ningún proyecto político es eterno. Los ciudadanos premian cuando sienten que avanzan y sancionan cuando perciben que retroceden. Esa es la esencia de la democracia.

Hoy Colombia inicia un nuevo ciclo político. El respaldo obtenido en las urnas constituye una enorme oportunidad, pero también una inmensa responsabilidad. Gobernar será mucho más difícil que hacer campaña.

Como ciudadano, deseo sinceramente que al nuevo gobierno le vaya bien, no únicamente por afinidad política, sino porque, cuando un gobierno acierta en las decisiones fundamentales, quien verdaderamente triunfa es Colombia.

Confío, igualmente, en que esta elección haya dejado una lección para toda la dirigencia nacional: el país reclama una forma distinta de hacer política, menos clientelista y más orientada al interés general. Gobernar exige grandeza, desprendimiento y sentido de Estado.

La oposición, por su parte, debe ejercer su papel con seriedad y respeto, pensando menos en las próximas elecciones y más en las próximas generaciones de colombianos.

Al final, las elecciones nunca representan el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa. Los gobiernos pasan. Colombia permanece.

 

***   ENA/EVA y Agronet.
** valor estimado según Banrepública
* Diario La República y Universidad EAFIT.