El mandato popular no es más que un encargo o representación dado por el pueblo a un gobernante. En Colombia, ese mandato está expresado en el programa de gobierno presentado por el presidente Petro, el cual se complementa con los compromisos adquiridos en campaña. Sin embargo, dicha representación no puede ser interpretada caprichosamente por el ejecutivo a tal punto que pueda constituirse en patente de corso para hacer lo que le venga en gana sin asumir consecuencias.

La mayor mentira que se ha dicho sobre las reformas del «Gobierno del Cambio» es que responden a un mandato popular. Solemne engaño, porque la reforma a la salud y la tributaria que actualmente hacen trámite de aprobación en el Congreso, no obedecen a un clamor ciudadano, como tampoco, atienden a una necesidad tangible y urgente del pueblo. La verdad es que estas reformas, sobre todo la de la salud, proviene del capricho malévolo de un gobernante envenenado por el rencor, secundado a su vez por un grupo de cobardes senadores y ministros oficialistas que aplauden como focas a sabiendas que sus decisiones pondrían en riesgo la salud de un país entero.

El sistema propuesto en la «nueva» reforma a la salud parece una colcha de retazos conceptual, sigue plagado de disfuncionalidad y contiene las mismas propuestas centrales de la anterior, incluyendo hasta su terminología. No hay claridad en cuanto al papel que jugarán las gestoras, los entes territoriales y hasta la misma Adres, esta última, aparte de ser un pagador único, en la nueva reforma, ejecutará recursos de inversión, por lo que no se necesita tener más de dos dedos de frente para deducir que este organismo se convertiría en un monstruoso ente burocrático con grave riesgo de corrupción.

En la lesiva reforma en comento, las gestoras actuarán como simples auditoras y serán solo intermediarias ya que las otras funciones que tienen, según lo propuesto, son compartidas y confusas. Además, se convertirían en intermediarias sin mucho sentido ya que solo recibirían el 5% de los recursos. Algo más, los servicios sociales complementarios, tales como, cuidadores, pañales y transporte no hacen parte de los cálculos financieros. Es decir, no tienen recursos asignados para tales fines. Si el congreso actúa con responsabilidad, no debería aprobar una reforma propuesta con tantas dudas sobre su viabilidad. Sería una gran irresponsabilidad darle tramite aprobatorio, toda vez que, carece de una proyección clara que sustente el aumento del gasto en salud, es decir, la reforma presentada carece de un sustento entre ingresos y gastos.

Si por los lados de la reforma a la salud llueve, por los de la reforma tributaria no escampa.

Es bien sabido que el presidente Petro ha manifestado su compromiso con la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sin embargo, lo planteado en su reforma tributaria, traiciona este concepto en la medida que contempla un alza en el IVA del 5% al 19% a los vehículos híbridos, un total contrasentido respecto de su compromiso ambiental con la reducción de emisiones. De otra parte, la nueva reforma también contempla aumentar del 39% al 41% la retefuente para los trabajadores asalariados, lo cual reduciría aún más los ingresos de estas personas.

En campaña electoral, el candidato Petro prometió bajar los impuestos. ¡MENTIRA!, en la nueva reforma tributaria «golpea en la yugular» a los emprendedores aumentándoles la tasa mínima de tributación (TMT) la cual sube del 15% al 20%. Lo anterior, también traduce un golpe fuerte a la reactivación económica, si tenemos en cuenta que se estaría contemplando un aumento de impuestos en medio del estancamiento económico del país. Como si lo anterior fuera poco, la absurda reforma golpea también a un sector sensible de la economía, como lo es la economía popular, toda vez que elimina el régimen simple de tributación (RST), complicando la supervivencia de los pequeños comerciantes empujándolos casi a la informalidad. Así las cosas, los más afectados con esta iniciativa serían las populares tiendas de barrio.

Otra perla de la nueva reforma tributaria es que propone aumentar el «impuesto al carbono» cuya tarifa subiría un «dulce» 190%, lo cual incidiría directamente en el bolsillo de los colombianos, toda vez que, tal aumento contribuiría al aumento de la gasolina, los servicios públicos y el diésel, entre otros. Esta nueva reforma es más de lo mismo, si tenemos en cuenta que las tributarias de los últimos 30 años lo único que han producido son inestabilidad jurídica y alejamiento de la inversión. Subir los impuestos cada 2 años no resuelve nada. Considero que, el país no necesita más impuestos, lo que realmente necesita es un gobierno austero que gaste con responsabilidad e inteligencia financiera, en lugar de estar derrochando los recursos en corrupción.

Lo que genera mucha suspicacia es que, de aprobarse la reforma tributaria, el 80% de su recaudo se generaría justo en los dos últimos años de este gobierno (2025 y 2026). ¿Coincidencia? ¡Mamola!, todo esto responde a una calculada estrategia electoral, cuyo fin es invertir el botín en el financiamiento de la próxima campaña con el claro objetivo de obtener réditos electorales traducidos en votos.

Dentro del paquete de reformas, también está haciendo tramite el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2025, presentado por el Minhacienda ante las comisiones económicas terceras y cuartas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, respectivamente. El monto asciende a 523 billones, un 3,9% superior al de 2024. De ese monto total, 12 billones son contingentes, quiere decir que están sujetos a la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República. Sin embargo, llama la atención que varios ministerios: Vivienda, Trabajo, Agricultura, Igualdad, Deporte y Presidencia de la República, están en mora con la ejecución de sus presupuestos.

Entonces, ¿por qué el gobierno quiere más plata si sus instituciones no ejecutan?

Lo anterior, puede deberse a dos cosas: o los funcionarios responsables de esas carteras son incompetentes o todo obedece a una estrategia política. No obstante, dudo que sean incompetentes, más bien son mañosos, porque esos dineros, cerca de medio billón de pesos, fueron transferidos intencionalmente a fiducias y patrimonios autónomos con un objetivo determinado. Es decir, guardaron maliciosamente la plata en los bancos disfrazadas de ejecución para gastarla en la próxima campaña electoral en contratos de prestación de servicios, lo cual descarta de tajo el mito o el sofisma de que el gobierno no ejecuta por incompetente, sino que todo eso obedece a una estrategia perversa que les permitiría aceitar la maquinaria electoral.

Así las cosas, a los senadores de la oposición, les pedimos que, al debatir las reformas presentadas, sean fieles a la patria actuando con responsabilidad, honorabilidad y autonomía intelectual y política, sin pretender responderle a los caprichos de un gobernante vengativo y sediento de poder. Estas reformas son terriblemente lesivas y destructivas, las cuales, de ser eventualmente aprobadas, conllevarían a una muerte absurda, tanto de nuestro sistema de salud, como de la estabilidad económica del país. Una nación entera no puede ser rehén del pensamiento absurdo de un presidente manipulador, rencoroso y arrogante quien desde el Palacio de Nariño pretende hundir al país.

A los senadores oficialistas, les pedimos que piensen en el país, que no actúen como cómplices porque la historia los juzgará como tal. Sabemos que muchos de ustedes están entrenados para no pensar, y si piensan, están entrenados para no hablar, y si hablan, están entrenados para no actuar, y si actúan, están entrenados para hacerlo como les ordenan sin quitar una sola tilde.

¡Señores congresistas, eviten poner en riesgo a un país entero solo por garantizar su supervivencia política; de ustedes depende que no sea sepultado el presente y el futuro de nuestra nación!