Se mantiene en juicio por corrupción única acusación contra hermana del rey
Tribunal decidió hoy mantener a la organización Manos Limpias como acusación popular.
El tribunal que juzga un caso de corrupción en el que la infanta Cristina, hermana del rey, está acusada de un delito fiscal, decidió hoy mantener a la organización Manos Limpias como acusación popular, pese a estar investigada su cúpula por un presunto delito de extorsión.
La defensa del esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, y de su socio, Diego Torres, sobre los que pesan las mayores acusaciones en el denominado "caso Nóos", pidieron la expulsión de Manos Limpias como acusación popular por tener "intereses espurios" en la causa judicial.
En este caso el cuñado del rey está acusado de tráfico de influencias y malversación, entre otros cargos por su gestión al frente del Instituto Nóos, y la infanta Cristina de cooperar en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo.
Manos Limpias, la única acusación de Cristina de Borbón en el juicio, está investigada por la Audiencia Nacional por un presunto intento de extorsión a la defensa de la hermana del rey a cambio de retirar los cargos contra ella.
Hoy, el tribunal acordó aplazar a la sentencia cualquier pronunciamiento sobre la petición formulada ayer por algunas defensas y recordó que ya se pronunció sobre la legitimidad de esta organización para estar en el juicio el 29 de enero, cuando se resolvieron las cuestiones previas.
Antes del juicio se cuestionó la presencia de Manos Limpias como acusación popular, al ser la única que presentaba cargos contra la infanta por un delito fiscal, pero finalmente el tribunal decidió mantenerla.
El pasado día 18, el juez Santiago Pedraz ordenó prisión incondicional y sin fianza para el líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, junto al de una asociación de usuarios de banca, Ausbanc, Luis Pineda, acusados de chantajear a empresas y particulares a cambio de retirar acusaciones al menos en cuatro causas judiciales, entre ellas la de la infanta Cristina en el caso Nóos, donde pidieron 3 millones de euros.
EFE