El procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, confirmó este lunes la imputación de 14 personas, entre ellas un ministro y tres legisladores, por su presunta implicación en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país.

Diez de los imputados ya han sido detenidos, mientras que en el caso de los legisladores, dos de ellos del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rodríguez pidió el retiro de la inmunidad parlamentaria para ser arrestados.

Otro implicado, el ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, se encuentra en Panamá, por lo que la Procuraduría notificó a la Interpol para su detención.

Estas son las primeras detenciones en el país por los sobornos que la brasileña Odebrecht asegura haber entregado para que le adjudicaran contratos de obras de infraestructuras entre 2001 y 2014.

El procurador dominicano adelantó que el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra los implicados, pero aclaró que "a partir de ahora está en manos de jueces aceptar o rechazar nuestra solicitud".

"Son los jueces quienes van a decidir si luego de que lo hemos apresado, los dejan o no en libertad", subrayó.

Asimismo, dijo que el proceso judicial deberá ser conocido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debido a que algunos de los imputados son congresistas y, además, hay un ministro.

Entre los detenidos figuran el ministro de Industria y Comercio y extitular de Economía Temístocles Montás, el expresidente del Senado y actual jefe del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) Andrés Bautista, el exministro de Obras Publicas Víctor Díaz Rúa y el exdiputado Ruddy González.

Asimismo, el empresario y representante comercial de la empresa en el país, Ángel Rondón, quien según dijo en enero pasado el gerente general de Odebrecht local, Marcelo Hofke, fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que la empresa entregó en sobornos, dijo entonces el procurador.

Los legisladores señalados en este caso son los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, ambos del PLD, y el diputado y expresidente de la cámara baja Alfredo Pacheco, del PRM.

Asimismo, figuran los exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) Radhamés Segura y César Sánchez y el exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa) Roberto Rodríguez.

Igualmente, el abogado Conrado Pittaluga y Máximo De Óleo, ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

"Cada una de estas personas están siendo sometidas a la Justicia con expedientes sólidos y bien instrumentados por haber cometido, presuntamente, y en mayor o menor gravedad, todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos", declaró el funcionario dominicano en rueda de prensa.

Este caso, señaló, representa "un hito, teniendo en cuenta los montos involucrados y los cargos de poder ocupados por los implicados", al tiempo que aseguró que "estas personas están siendo sometidas a la justicia con expedientes sólidos y bien instrumentados".

"No en todos los casos el modus operandi fue el mismo, ni todos ellos participaron de los mismos hechos. Cada caso de soborno y corrupción tiene sus particularidades", afirmó, y aseguró que éstos son los únicos relacionados en este caso "sin excepciones".

El procurador defendió la actuación de la dependencia que dirige y explicó que desde que el pasado 26 de enero se puso en marcha la investigación acerca de este caso, 20 especialistas dominicanos en distintas áreas han trabajado en colaboración con los ministerios públicos de Brasil y Estados Unidos en las pesquisas.

EFE