El Gobierno de Nicaragua afirmó hoy sentirse "amenazado por tantas muertes", en medio de una crisis sociopolítica que se ha cobrado unas 200 vidas en casi dos meses.

"Nos sentimos indignados dolidos, amenazados por tantas muertes, hay irracionalidad, falta de conciencia, falta de alma en esta situación que agobia a Nicaragua, que no merece esta situación", dijo la vicepresidenta, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

El discurso de la vicepresidenta contrasta con el de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el de organismos humanitarios nacionales, del movimiento Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que señalan al Gobierno como responsable de las muertes.

Según estos sectores, el hecho de que el Gobierno de Nicaragua se niegue a ordenar el cese de la represión contra las personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega y a desarmar a las fuerzas "parapoliciales", hace que las muertes sean una constante en el país, debido a que se realizan "ejecuciones extrajudiciales".

"Todos sabemos dónde está el origen de nuestro sufrimiento (...) por esos tranques (bloqueos de carreteras), que son en sí una limitación de los derechos humanos", insistió la también primera dama, Rosario Murillo.

La Alianza Cívica insistió hoy en el diálogo nacional con el Gobierno que los tranques y barricadas son un mecanismo de protesta, pero también sirven de protección de la población, a raíz de la "masacre" iniciada el 18 de abril pasado.

Los organismos humanitarios y Alianza Cívica coinciden en que la "masacre" continúa, y que es perpetrada por policías, "parapolicías", antimotines, Juventud Sandinista y fuerzas de choque oficialistas, sin que hasta ahora se haya detenido.

Murillo no hizo referencia a la posibilidad de ordenar a las fuerzas del Gobierno el cese de los ataques en ciudades, barrios y comunidades.

Nicaragua lleva ya casi dos meses en la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y Rosario Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

EFE