Los fiscales del juicio abierto en Florida a Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro y pendiente de extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, cuestionaron a los abogados del empresario por no aportar pruebas de que lo representan a él y no a una "tercera parte" y pidieron que no se acepten sus peticiones.

En un documento judicial al que tuvo acceso Efe, la fiscal Adriana Fajardo Orshan, que representa a EE.UU. en el juicio por lavado de dinero contra Saab, respondió a una moción presentada en enero pasado por la defensa del empresario nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la que se pide anular la orden que lo declaró fugitivo y una comparecencia especial ante el tribunal para impugnar la acusación.

Una vez que la Fiscalía ha respondido, el juez federal Robert N. Scola, del distrito sur de Florida, debe pronunciarse sobre la moción de la defensa de Saab, que está acusado de conspiración para lavado de dinero y por lavado de instrumentos monetarios.

La Fiscalía, que considera a Saab "testaferro" de Maduro y sospechoso de haber lavado junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, hasta 350 millones de dólares, alega que no corresponde ninguna de las cosas que pide la defensa y se deben rechazar todas "sin prejuicios".

Cuestionamiento a firma de abogados 

En las consideraciones indica que hay dudas que un abogado del despacho Baker Hostetler que firmó la moción represente legalmente al acusado, pues la firma se ha negado reiteradamente a presentar a la Fiscalía la llamada "carta de compromiso" que lo acreditaría.

Al respecto se indica que el Gobierno de EE.UU. quiere saber que "está tratando con un abogado que representa los intereses de Saab y no los de una tercera parte".

En este punto hace referencia expresa a informaciones del exilio y la prensa crítica con el Gobierno venezolano según las cuales la defensa del empresario la puede estar pagando el régimen de Maduro con fondos públicos del país.

La Fiscalía señala que mientras no se presente la "carta de compromiso", no se debe aceptar la petición de la defensa.

Fajardo Orshan indicó también que "según la doctrina de la privación de la titularidad de un prófugo, se debe impedir que Saab se valga de los recursos de esta Corte mientras se niega a comparecer para responder a los cargos en su contra".

A su juicio, no existen razones de peso para que este Tribunal permita que el abogado comparezca especialmente para litigar este caso penal, mientras Saab sea un fugitivo que se opone a la extradición a los Estados Unidos para enfrentar los cargos penales presentados en su contra.

Argumentos de la defensa 

En la moción que la Fiscalía pide que se rechace se afirma: "este procesamiento constituye una alarmante contravención de las obligaciones internacionales y de la ley de Relaciones Diplomáticas de EE.UU., que los tribunales están obligados a cumplir".

Los abogados de Saab subrayaron que se trata de "un diplomático de Venezuela" que fue detenido en Cabo Verde cuando estaba como "enviado" del Gobierno en una misión humanitaria para conseguir medicinas y otros suministros para la batalla contra el Covid-19.

Además, consideran "un defecto legal" que todos los hechos por los que EE.UU. reclama a Saab, que él niega, habrían ocurrido fuera de este país.

La ley de Prácticas Corruptas sólo se puede aplicar a un extranjero que cometa esos hechos en territorio de EE.UU. y "no hay alegaciones de que el señor Saab haya puesto un pie en este país en algún momento relevante", dicen los abogados.

Por todo ello, "el señor Saab pide respetuosamente que el Tribunal rechace las acusaciones en su contra" y considera que celebrar una audiencia oral lo antes posible sería beneficioso.

El empresario de 41 años fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el aeropuerto de la isla caboverdiana de Sal, en razón de una petición de captura cursada a través de Interpol por Estados Unidos, y actualmente está en arresto domiciliario.

El pasado 12 de febrero los abogados que representan a Saab en Cabo Verde, encabezados por Pinto Monteiro, solicitaron a la Justicia del país africano la suspensión del proceso de extradición a Estados Unidos.

La petición se produjo después de que el pasado 5 de febrero se realizase una audiencia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, bloque al que pertenece Cabo Verde) sobre el caso del empresario colombiano.

Está previsto que esa corte se pronuncie sobre la legalidad de la detención y del proceso de extradición el 11 de marzo.

EFE