El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla explicó en audiencia sus razones para revocar la decisión de primera instancia que le restauraba el derecho a Silvia Gette Ponce de volver a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe y ordenaba la suspensión de los efectos producidos en las actas que ratificaba a Ramsés Vargas Lamadrid como rector de la universidad en el año 2013. 

El juez fue enfático en que la rectoría de Vargas Lamadrid terminó en 2018 y posterior a esto hubo cambios en los estatutos de la Alma Máter bajó la dirección de otras personas y dejaron sentado en los mismos que ninguna persona condenada podía asumir el cargo de la rectoría. 

“Mediante la resolución 004679 del 17 de marzo del 2021, el Ministerio de Educación Nacional ratificó una reforma estatutaria de la Universidad Autónoma del Caribe. Se trata de un acto administrativo amparado por la prescripción de legalidad que introdujo modificaciones sustanciales en la estructura de gobierno institucional, en los requisitos para el ejercicio de determinados cargos directivos y en el régimen de inhabilidades incompatibilidades aplicables a quienes integran su órgano de dirección”, explicó el juez.

Precisamente, el togado destacó que “tales modificaciones no podían ser ignoradas al momento de evaluar la procedencia y el alcance de la medida de restablecimiento del derecho particularmente por tratarse de actuaciones posteriores a la finalización del periodo de la administración cuestionable”.

Es decir, Gette Ponce estaba solicitando el restablecimiento de su derecho por considerarse víctima en el proceso contra Ramsés Vargas Lamadrid, quien fue imputado por la Fiscalía junto al Consejo Directivo de 2013 de haber llegado a la rectoría cuando ella estaba en una licencia de 6 meses y sin tener él la potestad para asumir el cargo.

Al concluir el periodo de Vargas Lamadrid, envuelto en escándalos de corrupción en 2018, la Universidad Autónoma del Caribe bajó su autonomía universitaria, escogió nuevo rector y cambió los estatutos. 

La Universidad Autónoma del Caribe solicitó al Ministerio de Educación la ratificación de la reforma estatutaria, la cual fue aprobada. 

“En el artículo 53 de los estatutos adoptados se estableció, entre otras inhabilidades e incompatibilidades para integrar los órganos de gobierno de la universidad, La imposibilidad de ejercer tales funciones para quienes hubiesen sido condenados en cualquier época a penas privativas de la libertad, salvo por los delitos culposos o políticos, para quienes hubiesen perdido su calidad de miembro de un órgano de gobierno por causa distinta a la terminación de su período o a la presentación de su renuncia”, indicó el juez.

Además, para quienes hubiesen ocasionado un detrimento patrimonial a la institución declarado por autoridad judicial o administrativa competente. 

Vale recordar que Gette fue condenada por abuso de confianza por un auto préstamo de un millón de dólares de las arcas de la Universidad y por soborno en actuación penal por intentar pagar una millonaria suma de dinero al exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio', con el objetivo de que cambiara su versión para favorecerla en un proceso penal en su contra. 

Por ambos casos, la mujer ya pagó condena, pero al modificarse los estatutos de la Universidad no podría asumir el cargo de rectora. 

El juez precisó además que el artículo 69 de la Constitución Política destaca la autonomía universitaria por lo que las universidades “ tienen derecho a darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos dicha prerrogativa comprende igualmente la facultad de modificarlo o reformarlo cuando las circunstancias institucionales así lo demanden en desarrollo de su capacidad autorregulación con miras a garantizar el adecuado cumplimiento de su finalidad esencial de prestar el servicio público de educación”. 

Así mismo, sobre el principio de resocialización argumentado por el juez de primera instancia para admitir que Gette podía asumir el cargo a pesar de haber sido condenada y ya tenía las penas cumplidas, el togado de segunda instancia precisó que “ello no se sigue la existencia de un derecho subjetivo a ser restituido en un cargo determinado”. 

El juez también dijo que el restablecimiento de derecho de Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe “no fue adecuadamente ponderado” al momento de adoptar la medida cuestionada pese a su incidencia directa en la determinación de su procedencia y en la definición de sus efectos sobre la estructura institucional vigente. 

Es decir, para el juez, Gette Ponce pudo acudir a otros mecanismos para restablecer sus derechos que no interfieran en otro derecho protegido por el Estado como lo es la autonomía universitaria.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por lo que ahora el Ministerio de Educación y la actual junta directiva de la Universidad deberán escoger un nuevo rector. 

Gette había asumido la rectoría de la Universidad en abril de este año tras la decisión de primera instancia. Es decir, duró alrededor de 6 meses en el cargo.