España dio un paso histórico en la lucha contra la pobreza severa con la aprobación este viernes del ingreso mínimo vital (IMV) para todos sus habitantes, una herramienta ya adoptada en otros países europeos y que beneficiará hasta a 2,3 millones de personas.

El Gobierno español aprobó esta ayuda como una herramienta clave para la lucha contra la pobreza, especialmente entre los niños, que comenzará a funcionar gradualmente desde el próximo mes de junio y que para el Ejecutivo de izquierdas supone un avance social de carácter histórico.

El IMV es una "política de garantía de rentas que ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país", explicó hoy en Twitter el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien destacó el carácter "permanente" de la medida.

Medida prevista, pero acelerada por la pobreza de la pandemia 

El Gobierno de coalición progresista (Partido Socialista y el izquierdista Unidas Podemos) estudiaba la medida desde hace varios meses, pero la aprobación se aceleró con la grave crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, con un fuerte aumento del desempleo y la pobreza, que ha traído de regreso las filas para recibir alimentos en numerosos puntos de España.

La medida equipara a España con la de los países de Europa Occidental que ya tenían algún tipo de esquema de ingreso mínimo garantizado para las personas en pobreza y exclusión social.

El sistema acordado finalmente establece ayudas de entre 461 y 1.100 euros mensuales (500-1.200 dólares) en función del número de miembros de la familia, que se recibirán hasta que cese la situación de necesidad.

Este ingreso será el mínimo en todo el país, pero podrá ser mejorado con otras ayudas de las autoridades regionales y dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar, con especial atención a familias con niños y monoparentales.

Se podrán acoger personas de entre 23 y 65 años o desde los 18 años con menores a cargo y un año como mínimo de residencial legal en España.

El costo anual para el Estado se calcula en unos 3.000 millones de euros anuales (un 0,24 % del PIB de 2019).

Las previsiones iniciales del Gobierno apuntan a que unas 100.000 familias comiencen a cobrar en junio esta renta mínima, aunque el objetivo final es llegar a 850.000 familias y 2,3 millones de personas, la mitad de ellas niños.

"Medida de justicia social y de recuperación económica" 

"Es una medida de justicia social, pero también es una medida de justicia económica", afirmó en rueda de prensa el vicepresidente segundo del Gobierno y responsable de Derechos Sociales en el Ejecutivo, Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Iglesias subrayó que este sistema permite "una redistribución de la riqueza" y además es "absolutamente imprescindible para la recuperación económica", ya que los recursos "no irán a paraísos fiscales, sino al consumo", y dinamizarán la economía nacional.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, incidió en el objetivo final de la inclusión social de los beneficiarios, ya que no se trata solo de la prestación económica, sino de "una serie de políticas" para acompañar a los beneficiarios y ayudarles a salir de la pobreza.

Esta medida llega en medio de una crisis económica severa causada por la pandemia de coronavirus, que en España ha disparado el desempleo (unos 950.000 parados más desde el inicio del confinamiento) y amenaza con hundir el PIB un mínimo del 9,5 % durante este año, según previsiones del Banco de España.

Antes de esa crisis, 4,5 millones de hogares españoles se encontraban en riesgo de exclusión social o pobreza severa, lo que suponía casi el 25 % del total de la población, según un estudio del Banco de España el pasado marzo, antes de la explosión de la pandemia.

Avance en protección social a nivel europeo 

En estas circunstancias, "el ingreso mínimo vital pone a España en un contexto de la normalidad europea", explicó a Efe Andoni Montes, analista de la Fundación Alternativas, ya que este país no posee "una política de protección social tan ambiciosa como otros países" de su entorno.

A pesar de que "España ha llegado tarde" en implantar esta medida, "tiene el potencial de ser una política muy exitosa. Si se logra financiar correctamente puede lograr sacar a mucha gente de la pobreza", añadió.

César Lajud, profesor de Economía de la Universidad Europea (Madrid), considera la medida como una "magnífica política de desarrollo social" que tendrá un "impacto positivo en la salud mental de los hogares que la reciben".

Lajud señaló a Efe que los beneficiarios, "al tener ingresos, tendrán gastos" y se generará "una actividad económica positiva", aunque también destacó la importancia de que este tipo de políticas "estén combinadas con el interés de que no decaiga la búsqueda de empleo".

En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de la principal organización empresarial (CEOE), recalcó hoy que este sistema "no tiene ningún sentido si no tiene un camino hacia la empleabilidad" y pidió aplicarlo "con formación" y con la "obligación" de no poder rechazar ofertas de empleo.

"No podemos tener un país subvencionado", recalcó Garamendi durante un foro virtual.

Entre la oposición política, el portavoz en el Senado del conservador Partido Popular, Javier Maroto, consideró "muy grave" que el Gobierno pretenda usar para este ingreso los fondos de las pensiones de retiro, ya que "es imposible cumplir el milagro de los panes y los peces con el dinero de las pensiones".

Rafael Cañas y Andrea Caballero- EFE