El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, denunció este viernes "hechos aberrantes" en torno al arresto en Nicaragua del obispo Rolando Álvarez, y clamó contra la "persecución" que en ese país sufren el pueblo y la Iglesia católica.

La Policía de Nicaragua ingresó este viernes a la fuerza al Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa y arrestó al obispo Álvarez, un crítico del Gobierno del presidente Daniel Ortega de 55 años, y a siete de sus colaboradores, quienes se encontraban retenidos allí desde el 4 de agosto pasado.

Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, es acusado por la Policía de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", aunque de momento no han ofrecido pruebas.

"Los hechos aberrantes que rodean esta detención son motivo de alarma y dolor en toda la Iglesia Latinoamericana", dijo el arzobispo metropolitano de Panamá, en un comunicado de cuatro párrafos.

Ulloa expresó en la misiva que se une "a las voces que claman por la libertad inmediata de Monseñor Rolando", y que exigen "que se respete su dignidad como ser humano y prelado católico".

"Elevo una oración al cielo por Nicaragua, su noble pueblo y su Iglesia que hoy sufre persecución", agregó monseñor Ulloa.

En lo que va de año, el Gobierno sandinista ha expulsado del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, llevado a prisión a tres sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.

El Gobierno de Daniel Ortega también ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia y expulsado a 16 monjas de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, así como ha prohibido a la Arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.

El presidente Ortega tildó de "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

EFE