Un juez penal de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años.

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La investigación dirigida por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se siguió con un enfoque diferencial étnico-racial. Está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, durante un procedimiento en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, y la posterior permanencia de la víctima en la estación de policía de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca). 

Inicialmente, los uniformados atendieron una discusión entre vecinos. En ese contexto, Balanta Paz habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido.

Durante la intervención, al parecer, recibió puños y patadas, así como varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Luego, el hombre fue trasladado a la estación de policía de Cazucá.

Allí presuntamente estuvo esposado de manos y semidesnudo, mientras continuaban las agresiones físicas y recibía otras tres descargas eléctricas. Aunque manifestaba dificultades para respirar y solicitaba atención médica, al parecer, los funcionarios no gestionaron su traslado oportuno a un centro asistencial. 

Una persona detenida en el mismo lugar advirtió sobre la necesidad de brindar ayuda a Balanta Paz. Sin embargo, transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que fuera remitido a un hospital, a donde llegó sin respiración y con pulso débil. Horas después falleció.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense evidenció que la muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el patrullero Giraldo Torres habría aplicado varias descargas eléctricas a la víctima tanto en el barrio Caracolí como en la estación de Policía; y consignado en los registros oficiales que la persona aprehendida recibió buen trato y que sus derechos fueron respetados durante el procedimiento. Vargas Romero y Tapiero Tique estarían implicados en agresiones físicas con patadas y bofetadas.

Por su parte, el mayor Correa Yánez es señalado de permitir que sus subalternos golpearan a Balanta Paz en la estación, no disponer la atención médica inmediata y plasmar en las minutas información contraria a la realidad.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los cuatro uniformados los delitos de tortura y homicidio, ambas conductas agravadas. Adicionalmente, Giraldo Torres y Correa Yánez fueron vinculados por falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados.