El Juzgado 62 Penal Municipal con Control de Garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento intramural a Walter Martínez Martínez, el único capturado dentro del caso de la empresa de ropa íntima de mujeres Lili Pink.

El Complejo Judicial de Paloquemao informó que “por ahora el procesado permanecerá en detención hospitalaria y posteriormente será trasladado a centro de reclusión”.

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Las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fueron virtuales en donde el imputado estuvo presente desde una cama de un centro asistencial de la capital del Atlántico tras presentar quebrantos de salud.

⚖️ Juzgado 62 garantías: #DeInteres cobijado con #MedidaDeAseguramiento intramural Walter Martínez Martínez. Proceso por el caso de intervención a #Lilipink . Por ahora el procesado permanecerá en detención hospitalaria posteriormente será trasladado a centro de reclusión.

— Complejo Judicial de Paloquemao (@prensapaloq) May 14, 2026

El hombre, quien es abogado, fue imputado de los delitos de concierto para delinquir, contrabando y lavado de activos, los cuales no aceptó. 

La decisión se da luego que la compañía Fast Moda S.A.S, dueña de la marca Lili Pink, emitiera un comunicado señalando que el actual imputado no tiene vínculo laboral con la empresa desde el 2021 y que la única relación que sostuvieron en el pasado fue comercial, de carácter cliente - proveedor. 

Hay que recordar que este abogado fue capturado en un operativo en la ciudad de Barranquilla. 

El CTI de la Fiscalía y el Ejército, el pasado 27 de abril, realizó diligencias de allanamientos a 405 locales comerciales de la tienda Lili Pink en varias ciudades del país, entre ellas Barranquilla. 

“Se puso al descubierto un conglomerado empresarial, que con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina habría permitido de ingresos de recursos de origen ilícito y de contrabando al país”, dijo en su momento Leonardo Quevedo, Director Especializado Contra Delitos Fiscales. 

Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indican que "la organización habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación". 

El ente acusador señaló que habría un lavado de activos “en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”.