En la mañana de este martes continuó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los 17 imputados por el presunto robo de tierras en el municipio de Soledad.

Durante la vista pública, el turno para controvertir la inferencia razonable de autoría, argumentada por la Fiscalía para solicitar cárcel para los imputados, fue para la abogada Ninfa Inés Ruiz, apoderada de David de Castro Macías, exregistrador de Instrumento Público de Soledad, uno de los 17 imputados.

La abogada, en su argumentación, aseguró que “el Registrador no tiene competencia para determinar si son auténticos o falsos los títulos para los registros. El Registrador bajo sus funciones se encuentra bajo dos principios, de delegación y de buena fe”.

La Fiscalía le imputó cargos como peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la administración pública, prevaricato por acción y urbanización ilegal.

“Iniciamos por peculado por apropiación, cuando se apropiaba de bienes del Estado o de particulares, la Fiscalía no ha presentado ese mínimo de tipicidad que existe inferencia razonable de autoría o participación”, dijo.

Nuestras noticias en tu mano: Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.

Señaló que “la delgada fiscal no probó que el señor David se apropió de recursos o predios para beneficio de él o de terceros”.

Con referencia a la asociación para cometer delitos contra la administración pública, la abogada indicó que el señor David no tiene vínculo con los demás imputados y precisó que en algunas interceptaciones telefónicas reveladas por la Fiscalía mencionan a un “David”, pero no se sabe de qué David se refiere y que en donde se le menciona es de una interceptación del 19 de febrero del 2025, pero  el imputado no es Registrador de Instrumento Público desde el 2021. 

 “No existe que el señor David se encuentre vinculado a un grupo de personas que se asociaron para apropiarse de predios”, dijo.

Con referencia al delito de prevaricato por acción, que es cuando un servidor público emite una resolución o dictamen que es contrario a la ley con conocimiento y voluntad de hacerlo, la abogada de David de Castro señaló que “no hay dolo” y tampoco hay elementos materiales probatorios de recibir coimas para emitir dictamen contrario a la ley. 

“Dónde dice que recibió pagos o dádivas, dónde se encuentra ese material probatorio, no lo hay”, señaló.

Por el delito de urbanización ilegal, la defensa indica que “no precisa la inscripción que realizó o constituye frente a la urbanización ilegal, tampoco se demuestra si tuviera conocimiento de ellos que contengan divisiones de lotes o modificaciones de suelo”.

Precisó que “el Registrador no es autoridad urbanística”.

Sobre la argumentación que entregó la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento sobre que “podría obstruir la justicia”, la abogada reiteró que desde el 2021 no ejerce como Registrador de Instrumento Público de Soledad y que actualmente labora como asesor comercial y administrador de propiedad horizontal. 

“En nada incide que puede obstaculizar la justicia de la actividad procesal”, dijo.

También señaló que no hay riesgo de falta de comparecencia o fuga por parte su defendido, porque tiene un arraigo en la capital del Atlántico, donde tiene familiares que residen y dependen de él como su señora madre.  

Ante esta argumentación, la defensa solicitó al juez que se abstenga de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, como lo solicitó la Fiscalía, y si es el caso se le imponga una detención domiciliaria.

Cabe recordar que la Fiscalía vinculó a David De Castro Macías en dos eventos: el caso de Acacías Rojas y de Ciudad del Parque, en Soledad, donde presuntamente se apropiaron de predios pertenecientes a la Alcaldía de Soledad para subdividirlos y venderlos.

Piden al juez que no imponga medida en centro carcelario 

A su turno, el abogado Wilfrido Cervantes, defensor público de Luis Fernando Rojas Peñaloza, otro de los imputados y como supuesto agente corruptor, también solicitó al juez que no se le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario porque “no existe elementos probatorios para una inferencia razonable de autoría para la concertación de un delito”.

Hay que recordar que a Luis Fernando Peñaloza la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción en calidad de determinador, asociación de un delito contra la administración pública en calidad de coautor, falsedad material en documento público, urbanización ilegal en calidad de coautor y estafa agravada. 

Precisó que “está corrida de los principios fundamentales la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía”.

El abogado precisó que si el juez considera que se necesita una medida de aseguramiento, se le imponga la detención domiciliaria.