La Juez 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla accedió a la petición de la abogada Diana Guevara, apoderada de Ramsés Vargas Lamadrid, de suspender la audiencia de formulación de acusación contra el exrector de la Uniautónoma así como los representantes del Consejo Directivo de 2013 de esa universidad  por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

El argumento que dio la defensa de Vargas Lamadrid es que la Fiscalía no le corrió traslado al escrito de acusación con 3 días de antelación a la audiencia de este miércoles como indica la norma.

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La Fiscal Betzaida Guerra en su intervención afirmó que había que creerle a la defensa en su principio de buena fe y así evitar una nulidad del proceso más adelante.

Los demás sujetos procesales, incluida Bianith Bohórquez, abogada de Silvia Gette, quien será declarada ante ese juzgado como víctima en el proceso, estuvieron de acuerdo de suspender la diligencia.

Posteriormente, después que la juez había tomado la decisión de suspender la audiencia, la fiscal intervino de nuevo para aclarar, que después de revisar en su correo,  sí corrió traslado en su debido momento del escrito de acusación a la abogada de Ramsés Vargas.

La juez quiso conocer la posición de la abogada, pero su imagen quedó congelada en la audiencia virtual y posteriormente salió de la plataforma digital donde se desarrollaba la vista pública.

La togada le solicitó a la Fiscalía que envíe al correo del juzgado la constancia de que envió con antelación el escrito de acusación a la defensa de Ramsés Vargas.

La juez dejó claro que ya había tomado la decisión de suspender la audiencia y la reprogramó para el próximo 25 de agosto.

Fue enfática en señalar que requiere para ese día puntualidad a los sujetos procesales para avanzar en la audiencia y no va permitir más suspensiones por situaciones como la que ocurrió este miércoles.

El proceso

Hay que recordar que ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó en noviembre de 2025 por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector y quien estuvo en ese cargo hasta marzo de 2018 luego que las autoridades lo investigaran por supuestos malos manejos de los dineros del Alma Mater.

Algunos de los imputados y quienes estuvieron presentes en ese entonces en la audiencia virtual de formulación de imputación de cargos fueron Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal, y Arturo González Peña, quienes no aceptaron cargos. 

También fue imputado en ese entonces el exrector Ramsés Vargas Lamadrid, quien no estuvo presente y lo declararon en contumacia. 

Según el ente acusador,  por estatutos de la misma Universidad era el vicerrector Mariano Romero el que debía asumir la suplencia ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por 6 meses. 

Sin embargo, esto no se dio y en cambio se reunió el Consejo Directivo eligiendo a Ramsés Vargas  a pesar que presuntamente no era suplente y tampoco fue nombrado como tal por su padre Eduardo Vargas Osorio, quien pertenecía a la junta directiva de la universidad. 

Según la Fiscalía, Vargas Lamadrid presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser rector de la Uniautónoma y  aún así fue nombrado, configurándose, a juicio del ente acusador, los delitos ya mencionados y por lo que fueron imputados los que hicieron parte de ese Consejo Directivo en ese año.  

En este proceso aparece como víctima Silvia Gette, quien fue sacada de la rectoría presuntamente de manera “ilegal”.