Tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de Policía, un notario, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad, son los servidores y exfuncionarios capturados como presuntos integrantes de una red dedicada al robo de tierras. 

Estos son Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; David De Castro, exregistrador de Soledad; Marlon Mora, inspector de Policía; Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad; y Francisco Mejía, notario de Santo Tomás, tenía roles para lograr obtener predios de manera irregular.

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De acuerdo con las investigaciones de la Dijin y Fiscalía, los registradores de Instrumentos Públicos permitían el registro de predios y otorgaba matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.

Los Notarios por su parte, permitían la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos y verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.

Los señalados de robo de tierras. Policía.

Agregan las investigaciones que el calificador de Instrumentos Públicos, como revisor jurídico de la oficina, omitía sus funciones de verificar que los documentos cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos entre otros).

Por último, los Inspectores de Policía emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.

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Junto a los exfuncionarios también fueron capturados ocho personas más señaladas de pertenecer y cumplir roles dentro de esta red de corrupción. Según la investigación oficial, estos son:

Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso. 

Los capturados son señalados de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado, invasión de tierra o edificaciones, estafa, falsedad material en documento público, prevaricato por acción, fraude procesal, prevaricato por omisión, uso de documento falso, urbanización ilegal, falso testimonio, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, cohecho, entre otros. 

Posible vínculo de exfuncionarios con grupos delincuenciales

El Jefe del Grupo Anticorrupción de la Policía Nacional de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, coronel Jorge Mora, aseguró que la red estaría vinculada a grupos criminales.

“Este sector de Colombia ha estado muy enmarcado con vínculos con organizaciones delincuenciales. Estos servidores públicos se están investigando en esa segunda fase, esa vinculación con organizaciones delincuenciales acá en Barranquilla y en el Atlántico”, dijo el oficial, quien señaló que la investigación duró 18 meses y se dio por denuncias de la ciudadanía y los medios de comunicación. 

Son al menos 1.800 familias las afectadas por esta organización.Cortesía.

Aunque no señaló a ninguna banda criminal, aseguró que en una segunda fase de la investigación se podrá conocer los nombres de las organizaciones. 

Precisó también que se entrará a una fase donde se “verificarán los bienes de los capturados con el fin de trabajar una extinción del derecho dominio de los bienes que son de uso público y son bienes del Estado”.

Se habrían apoderado de predios que eran para megacolegios

Las exhaustivas investigaciones contra la red de corrupción revelaron también, que varios terrenos para la construcción de megacolegios, centros de desarrollo infantil y parques, cayeron en manos de esta organización. 

Las autoridades manifestaron que uno de los terrenos, de 277.000 metros cuadrados, fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50.000.000.

"Afectaron a proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y ocuparon ilegalmente zonas de uso público y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques”. 

Estas declaraciones las dieron a conocer en el marco de una rueda de prensa celebrada en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mientras se cumplía la audiencia de legalización de capturas.