La Fiscalía General de la Nación reveló detalles este mediodía de la captura de 9 exdirectivos y exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla. Eran 10 las órdenes de captura pues la que no se hizo efectiva fue la del exrector Ramsés Vargas Lamadrid, a quien le habrían filtrado la información.

“La investigación que nos ha sido referida por el Fiscal encargado da cuenta que en noviembre del año 2017 el entonces rector y representante legal de la Universidad, el señor Ramsés Vargas, reformó los estatutos para poner en marcha una medida administrativa con la cual se autorizaba el recaudo de las matrículas en dinero en efectivo”, afirmó el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

Dijo que en su momento, “el recaudo de dinero por gastos pecuniarios, dineros que provenían de los citados pagos y a los cuales se les habría dado una destinación administrativa diferente al objeto misional de la Universidad, incumpliendo así el objeto mismo de este centro de educación”.

“Al parecer, los indiciados que hacían parte de los órganos directivos de la Universidad, la Sala General y el Consejo Directivo, la Sala y Secretaría de Crédito y Cartera, la Vicerrectoría Financiera,  de Contabilidad y Tesorería, habrían llegado a perpetrar una verdadera defraudación”, dijo en rueda de prensa en Fiscal General.

El jefe del ente investigador reveló que este operativo que debía realizarse en el curso de la semana fue necesario anticiparlo, “por advertencias que se nos hicieron de la presunta fuga de información por parte del Centro Administrativo de esa ciudad que daba cuenta de la expedición de las órdenes de captura correspondientes”.

“Por eso a pesar de que se obtuvieron las 10 órdenes de captura hay una captura adicional que recae sobre la persona del entonces rector Ramsés Vargas, que no se ha podido hacer efectiva. Nosotros confiamos en que haga presencia prontamente ante la justicia y por supuesto hemos iniciado de manera inmediata una investigación penal porque no puede ser posible que al interior del servicio judicial se difunda información reservada que constituye una manera de obstrucción y daño al buen funcionamiento de la justicia. Se habrían filtrado las órdenes de captura con relación al caso de la Universidad Autónoma del Caribe”, dijo Martínez.

A los indiciados, según su grado de responsabilidad, el Fiscal Especializado de las Unidad Anticorrupción Seccional Atlántico les imputarán los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y estafa.