Las capturas de un grupo de directivos de la Universidad Autónoma del Caribe es el resultado de las investigaciones adelantadas en torno a las graves denuncias sobre el pésimo manejo administrativo, financiero y académico durante la Rectoría de Ramsés Vargas Lamadrid.

Denuncias que oportunamente fueron realizadas por Zonacero.com y Atlántico en Noticias en las que se señalaban la manera como, de manera sistemática y a través de diferentes maniobras, se produjo el multimillonario saqueo.

Indudablemente que los hechos irregulares fueron amparados con la adulteración de diferentes actas, hechos de los cuales se responsabiliza al entonces Secretario General, Jesús Pantoja Mercado.

Y fue un miembro de la Sala General, Orlando Abello Martínez-Aparicio, quien denunció al propio Pantoja Mercado de estas actuaciones irregulares.

En su momento, Abello Martínez-Aparicio denunció la adulteración de las actas 201 del 18 de octubre de 2016; la 203 del 20 de junio de 2017 y la 202 del 21 de diciembre de 2017, así como las actas del Consejo Directivo 837 del 18 de octubre de 2016; la 838 del 21 de diciembre de 2016 y la 839 del 20 de junio de 2017.

Según Orlando Abello, en el caso del acta 839, en la página 8, el secretario Pantoja dejó consignado que al abrir la votación sobre la proposición de reajustar el salario de Ramsés Vargas fue “aprobada por unanimidad” y que el Consejo Directivo le incrementó el sueldo en $20.000.000 mensuales; señalando de paso le aumentó en 4.000 dólares la bonificación autorizada el 5 de junio de 2015 (para un total de 26.000 dólares mensuales) “con efectos retroactivos a partir del 01 de junio de 2017...”.

Con ese aumento el sueldo de Vargas Lamadrid pasó a $67.062.856 mensuales.

Realmente, aseguró Abello, nada de eso ocurrió en la citada reunión que originó dicha acta, por lo cual presentó denuncia penal.

En cuanto a las actas 201, 202 y 203 de la Sala General, en las que supuestamente a Ramsés Vargas le confirieron “autorizaciones y facultades para contratar y ejercer actos dispositivos”, tampoco se ajustan a la realidad.

Estas adulteraciones prácticamente le extendieron un ‘cheque en blanco’ al Rector Ramsés Vargas porque le permitieron realizar todo tipo de transacciones.

Por ejemplo, un informe de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación señaló que los bienes inmuebles de la Universidad Autónoma sumaban $134.680 millones, de los cuales fueron entregados en garantía propiedades por $89.182 millones a Davivienda, Fiduciaria BBVA y el Helm Bank, para cubrir obligaciones laborales, con proveedores, créditos bancarios y préstamos particulares.

Uno de los inmuebles involucrados en estas maniobras fue el Polideportivo, una de las insignias de la institución.

Adicionalmente, se dispuso la venta de inmuebles por un valor comercial por debajo del real. Lo curioso de ello es que posteriormente fueron arrendados por la propia Universidad para darle continuidad al servicio. Una especie de ‘puerta giratoria’ jugando con los inmuebles y la labor académica de 9 mil estudiantes.

También se pudo establecer que se transaron préstamos con intereses superiores a los del sector bancario, lo que constituye un daño patrimonial para la institución.

A lo anterior se suma el pago de multimillonarios honorarios a abogados externos sin ninguna justificación.

Otro hecho llamativo fue el millonario arriendo de un apartamento amoblado en una de las torres del Blue Gardens, al norte de Barranquilla. Las facturas del canon fueron allegadas a la Universidad, pero no se encontraron soportes al interior de la Universidad, desconociéndose cuál era el objetivo de dicho arriendo.

Las irregularidades se extendieron hasta la sede de la Uniautónoma en Miami.

Lo que llama la atención es que la Revisoría Fiscal nunca advirtió nada sobre los graves hechos que venían ocurriendo: Un déficit superior a los $108 mil millones, pérdida de bienes, contrataciones sin soportes, adulteraciones de actas y detrimento patrimonial.

Para redondear la faena, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) no le renovó a la Uniautónoma la licencia al canal de televisión.

Para todas sus actuaciones, Ramsés Vargas Lamadrid organizó la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe, ubicando en ella a un grupo de sus familiares.

Así, además del propio Vargas Lamadrid, formaban parte de la Sala las siguientes personas: Su papá, Eduardo Vargas Osorio; su prima, Mónica Patricia Vargas Cormane; su esposa, María Helena Hernández Barrios; su otra prima, María Cristina Vargas Cormane; su mamá, Sonia Lamadrid de Vargas y su tío Álvaro Vargas Osorio.

Desde luego, con el apoyo de esta especie de famiempresa el Rector Ramsés Vargas Lamadrid no cumplía con la entrega de la información con sus respectivos soportes solicitados por el Ministerio de Educación, en cuanto a las decisiones administrativas y financieras durante su gestión.

Por el contrario, los archivos de la Universidad fueron borrados o saqueados con el único propósito de no dejar ningún tipo de rastro de todo lo sucedido.